El decreto de necesidad y urgencia 129/24, que dispone el cobro de la atención sanitaria a personas extranjeras sin residencia regular (o con residencia transitoria o precaria) en el país, fue convertido en Ley Nº 8421. El mismo decreto estableció el arancelamiento de la atención sanitaria a personas extranjeras que estén residiendo en el país de manera transitoria o precaria, tal fue el caso que tomó relevancia mediática la semana pasada de una mujer boliviana que parió en Salta  y se fue sin pagar el arancelamiento, de 245 mil pesos.

El gerente general del Hospital, Fabián Valenzuela, contó que están esperando el reintegro del equipo legal de la institución para demandar a la mujer, oriunda del Estado Plurinacional de Bolivia, que tuvo un parto normal en el Hospital San Vicente de Paul, de Orán, ciudad cabecera del departamento Orán, que limita con aquel país. 

En este caso, Valenzuela puntualizó que la mujer “vino primero con un estado de embarazo a término con inicio de trabajo de parto”, con cédula boliviana y sin papeles que constaten su residencia en el país.

En ese momento, según consignó a Radio Nacional, la embarazada fue evaluada y el “tocoginecólogo dijo que recién iniciaba el trabajo de parto y que podía volver a Bolivia a tenerlo, dado que no ponía en riesgo ni a su bebé ni a ella y estaba solo a media hora de viaje”.

Esa madrugada, la mujer volvió “con dilatación completa”. Fue asistida en el parto y al otro día los encargados de arancelamiento le pidieron pagar la práctica. Entonces “el marido, o quien dijo ser el marido, porque no aportó papel filitorio, y que aparentemente es argentino, se tornó bastante violento”, contó el gerente. Tal es así que tuvo que intervenir personal de Seguridad del Hospital y de la Policía.

El hombre fue denunciado por agresión verbal y amenazas. Además, se está a la espera del equipo legal del Hospital y el Ministerio de Salud para iniciar una demanda contra la mujer con el fin de que pague la asistencia en el parto. 

Cabe destacar que de acuerdo a lo establecido en el decreto (ahora convertido en ley), las urgencias y emergencias deben atenderse de manera gratuita. 

En el Boletín Oficial se publicó que se tenga por ley el decreto de necesidad y urgencia 129/2024 que “dispone que los servicios de Salud Pública provincial se prestarán de forma igualitaria a los extranjeros que revistan condición de ‘residentes permanentes’ o ‘residentes temporarios’, de conformidad a las categorías que establece la ley nacional Nº 25871”.

La publicación se hizo antes de cumplir los 90 días sin que ambas cámaras lo trataran, plazo establecido por la Constitución de la provincia.

Entre los considerandos para convertir el instrumento en ley, se indicó que la Cámara de Senadores aprobó el decreto el 4 de abril y lo remitió a la Cámara de Diputados, “sin haber sido rechazado o aprobado por ésta, conforme al artículo 145 de la Constitución Provincial”.

En ese marco, el Gobierno afirmó que “se encuentran cumplidos los plazos establecidos en el citado precepto constitucional” para que el decreto se convierta en ley sin el tratamiento por una de las cámaras. 

El procedimiento previsto indica que “transcurridos 90 días” del ingreso del DNU, “sin haber sido aprobado o rechazado por ésta (la Legislatura), el decreto de necesidad y urgencia queda convertido en Ley”. El plazo no estaría cumplido, dado que el decreto fue publicado el 28 de febrero de este año en el Boletín Oficial.