María Vilma sólo tenía un deseo en mente: visitar a su hija. A esos efectos, hizo un extenso viaje desde Goiás, Brasil, hasta la Ciudad de Buenos Aires. Pero el destino le tenía otros planes: murió luego de ser golpeada por un hombre con severos problemas de salud mental.

En esta brutal historia hay un agravante: el agresor ostentaba ya con 20 antecedentes por delitos graves y múltiples ingresos a centros de salud mental, entre los cuales figuran robo, robo en grado de tentativa, lesiones, robo automotor y desórdenes en la vía pública, cometidos desde 2017 en adelante.

No obstante, no fue el único caso. Días después, una persona golpeó brutalmente a una nena en la vía pública, ante la mirada aterrada de la madre de la criatura. La grabación fue la evidencia contundente.

Ya no se tratan de casos aislados, sino de un fenómeno que se viene dando desde hace años y años. Más aún, la situación se replica en la mayoría de las provincias, como revelan las crónicas periodísticas.

Así, se reavivó el debate sobre cómo intervenir ante personas en crisis, cuáles son los protocolos vigentes y qué recursos tiene hoy el sistema de salud mental para prevenir situaciones de riesgo.

Los llamados al 911 por comportamientos disruptivos o posibles brotes psicóticos vienen aumentando. Sin embargo, admiten que los uniformados están recibiendo más capacitaciones específicas para intervenir en estos escenarios, donde se busca reducir al máximo el uso de la fuerza y priorizar la contención.

Profesionales del área de salud mental pusieron de manifiesto que el problema no es nuevo: se agravó por la falta de continuidad en los tratamientos, especialmente en personas sin red familiar o en situación de vulnerabilidad. "La mayoría de los episodios se podrían evitar con un acompañamiento sostenido, pero el sistema está muy tensionado", apuntó al respecto una psicóloga del Hospital Álvarez.

Organizaciones que trabajan en el sector destacan a los equipos móviles interdisciplinarios que responden a crisis en la vía pública y eso conlleva a una mayor articulación entre el SAME, hospitales y fuerzas de seguridad. Hoy, según advierten, muchas veces la policía actúa sola ante casos que deberían tener una intervención sanitaria desde el primer minuto.

En las provincias, también existe la preocupación. ¿Cómo aplicar un protocolo unificado? Es necesaria una actuación conjunta entre los centros de Salud y Seguridad. El objetivo es igual para todos: "Ordenar los procedimientos y garantizar intervenciones más rápidas y adecuadas".

Mientras tanto, especialistas y familiares de personas con trastornos psiquiátricos insisten en que el debate debe centrarse en cómo fortalecer el sistema de salud mental, aumentar el acceso a la medicación y mejorar los dispositivos de atención comunitaria. "No es un tema de criminalizar, sino de comprender la complejidad del cuadro y actuar preventivamente", resume un jefe de servicio del Hospital Borda.

Consultado por Crónica, el reconocido psiquiatra Enrique De Rosa advirtió que en la actualidad "la sociedad se encuentra en estado de fragmentación y vulnerabilidad". A tal respecto, reflexionó, que a partir de la pandemia del coronavirus, "la gente logró entender que una patología puede llegar escalar a dimensiones que requiere medidas extraordinarias".

“No es una cuestión sólo local, el mundo en general y la Argentina en particular están en una situación endémica de problemáticas de salud mental”, añadió. De Rosa relacionó la situación al hecho de que "somos parte de una sociedad pobre, que carece de recursos, en la que no nos podemos dar el lujo aparentemente de ocuparnos de la salud mental".

En referencia a los casos que se conocieron en las últimas semanas, uno de los cuales le costó la vida a una mujer tras el ataque de una persona con problemas, el experto puntualizó: "En los medios de comunicación se ven casos aislados, hay cientos cada semana similares a los que trascendieron públicamente".

En dicho marco, para De Rosa, "el mayor problema es que vivimos una realidad concreta respecto de la cual no queremos o no podemos ocuparnos y ello impacta directamente en episodios violentos o ligados a la salud mental".

Entretanto, la política empezó a tomar cartas en el asunto. La diputada Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) propuso extender la emergencia en salud mental hasta diciembre de 2027. "No es un slogan, es una realidad que se vive todos los días. La actual Ley de Salud Mental fracasó, deja a personas en riesgo en la calle y expone a la sociedad a situaciones límite", afirmó.

En la misma línea, Carolina Gaillard (UP) presentó una iniciativa que contempla la creación de un Fondo Federal Solidario para fortalecer los equipos interdisciplinarios en hospitales y centros de salud. También aparece en el horizonte un proyecto de la peronista Victoria Tolosa Paz, similar al pedido de Campagnoli.

A todo esto, la diputada nacional Roxana Reyes (UCR), titular de la comisión de Familia, Niñez y Juventudes de la Cámara baja, dijo que "muchas veces los temas de salud mental se esconden, se desconocen, con lo cual es fundamental que como legisladores tomemos el papel que nos toca", resaltó. El debate está abierto.