La crisis en la industria textil y del calzado en Argentina se agrava con la reciente paralización de la producción en la planta de Topper en Tucumán. La compañía decidió detener sus operaciones esta semana debido a un exceso de stock, una situación que refleja la caída de la demanda en el contexto económico actual. Esta medida ha llevado a la licencia de casi 1.200 trabajadores, incluyendo 938 operarios.

Entre marzo y abril, Topper despidió a 120 empleados y, ante la falta de ventas, la empresa tuvo que tomar decisiones drásticas para reducir costos. Los empleados con mayor antigüedad fueron obligados a tomarse las vacaciones pendientes, pero esta medida no fue suficiente para aliviar la crisis.

 

"Ojalá que esta vez no pase, sería el peor escenario para una ciudad como Aguilares (90 kilómetros al sur de San Miguel de Tucumán), que tiene en los rubros textil y del calzado unas importantes fuentes de trabajo", expresó Jorge Fugaracho, representante provincial de la Unión Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA).

La situación en Tucumán es un reflejo de los desafíos que enfrenta la industria del calzado en el país. La reciente eliminación del control aduanero del etiquetado para productos textiles y de calzado por parte del Gobierno ha generado preocupación entre los fabricantes nacionales. Esta medida podría fomentar la competencia desleal de importadores y afectar negativamente la producción local.

Sobre esto, Fugaracho sostuvo: "Las últimas medidas del Gobierno no parecen que vayan a ayudar a que se recupere la producción nacional".

Alejandro Muñoz, empresario del sector calzado en Aguilares, relató: "Con el gobierno del expresidente Mauricio Macri me fundí por lo mismo, porque no se vendía. Pero me levanté con mucho esfuerzo y otra vez lo mismo. Si a la caída de las ventas se le suman facilidades para la importación, el resultado será la destrucción de la industria nacional".

 

Muñoz también comentó que está trabajando en el diseño de una marca propia para vender directamente al público, buscando mantener precios competitivos sin intermediarios. Sin embargo, la evolución de la economía del país será un factor determinante para su éxito.

La Rioja cuenta con un parque industrial donde predominan las plantas de los sectores textil y del calzado. Desde enero de este año, la reducción de personal ha sido constante, y la situación más grave se produjo en mayo con el cierre de la firma TextilCom, que operaba en esta provincia y en Catamarca, dejando a más de 260 personas en la calle.

 

TextilCom, cuyo CEO es Carlos Vilariño, empleaba a 140 personas en el parque industrial de La Rioja y a 124 en una planta en la capital catamarqueña. Hasta la fecha, los trabajadores no han recibido indemnizaciones, se les adeudan salarios, y su reinserción en el mercado laboral es incierta. 

Debido a esta situación, los empelados en Catamarca llevan más de 60 días ocupando la fábrica y continúan allí esperando una respuesta. Trabajaban para las marcas Cheeky y Como quieres que te quiera, entre otras.

Según Juan Serrano, vicepresidente de la Unión de Industrias Riojanas (UNIR), el Parque Industrial está operando a niveles muy por debajo de su capacidad instalada.

"Estamos en una instancia de supervivencia, como en los niveles productivos de la pandemia, a un 30% o 40%, debido a la caída de la actividad económica", afirmó, añadiendo que las empresas más afectadas son aquellas que abastecen al mercado interno del país.

El panorama en Tucumán, La Rioja y Catamarca es desalentador para la industria textil y del calzado, con empresas que luchan por sobrevivir en un entorno de baja demanda y crecientes desafíos competitivos. La eliminación del control aduanero, junto con la caída del consumo interno, crea un escenario desfavorable para los fabricantes locales, quienes parecen tener que adaptarse rápidamente para evitar el colapso de la producción nacional.