Desde hace un siglo, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) ha sido una de las insignias nacionales que llevaron al crecimiento y expansión de la energía y el petróleo en nuestro país, y como todo coloso tienen su historia para contar.

Los antecedentes de YPF se ubican en el descubrimiento de petróleo en la zona de la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia en el año 1907, luego, se creó la Dirección General de Explotación del Petróleo, con el objetivo de regular la actividad de las compañías extranjeras que comenzaban a establecerse en el país a este fin.

Durante la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen, entre 1916 y 1922, se realizaron varias obras para fomentar la extracción de petróleo, y por tal motivo, YPF se creó por el Estado argentino mediante decreto el 3 de junio de 1922.

El 19 de octubre de 1922, pocos días después de asumir la presidencia de la Nación Argentina, Marcelo Torcuato de Alvear, Enrique Mosconi fue nombrado director general de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), donde permanecería por ocho años, dedicando grandes esfuerzos para incrementar la exploración y desarrollo de la extracción de petróleo.

En su momento y con YPF, Argentina fue el segundo país en todo el mundo en tener una petrolera estatal integrada verticalmente, después de la Unión Soviética. Cuando se estaban por firmar los protocolos de acuerdo, se produjo el golpe de Estado de 1930, que derrocó a Hipólito Yrigoyen en su segundo gobierno e inauguró la "Década Infame".

Desde su fundación, la empresa realizó todas las actividades que fuesen necesarias para la explotación de petróleo, incluyendo la fundación o rápido engrandecimiento de pueblos cercanos a zonas con reservas de petróleo, como Comodoro Rivadavia en la provincia  de Chubut, Las Heras, Cañadón Seco, Caleta Olivia en Santa Cruz y Plaza Huincul en Neuquén.

En tanto, la petrolera estatal YPF inauguró el primer surtidor de querosén el 22 de febrero de 1923 en Buenos Aires, tres meses más tarde se instalaron seis más, y el 20 de junio se construyó el primer surtidor de nafta para vehículos. El industrial Torcuato Di Tella fue quién se encargó de su fabricación, cuando comenzó la explotación del petróleo en la provincia de Salta y en 1933 se descubrió petróleo en Tranquitas.

Cabe destacar, que el primer edificio YPF fue diseñado por el Departamento Técnico en septiembre de 1936 e inaugurado en 1938, en la Diagonal Norte, entre las calles Esmeralda y Cangallo (hoy Tte. Gral. Perón), en la ciudad de Buenos Aires. En 1941 comenzó la explotación del yacimiento carbonífero de Río Turbio, que en un principio estuvo a cargo de YPF.

En 1945 el presidente de aquel entonces retomó la política energética, mediante la nacionalización de los hidrocarburos, que quedó respaldada gracias al artículo 40 de la Constitución de 1949. En seis años de gobierno se llegó a aumentar en un 50 % la producción de petróleo, llegando a tener el 84 % del total de la extracción de crudo.

En tanto, se firmó en 1954 un acuerdo con Standard Oil para explotar una extensa área del sur argentino con yacimientos que establecía una inversión privada de 13 500 000 dólares en cuatro años, para explorar y explotar un área aproximada a los 50 000 km² en la provincia de Santa Cruz.

El 19 de septiembre de 1955, durante el Golpe de Estado que derrocó al presidente constitucional Juan Domingo Perón, fueron atacados los tanques de combustible de la empresa en Mar del Plata. Paralelamente, en La Plata, la destilería de YPF es atacada por militares, muriendo alrededor de 14 personas, entre ellos los trabajadores petroleros René Arnaldo Isuz, Pedro Álvarez, Marino Vuelta y Ángel Altuna.

Al momento de asumir el gobierno Arturo Frondizi en 1958, YPF aún era incapaz de alcanzar el autoabastecimiento de petróleo. Frondizi declaró que su política petrolera estaría asentada en tres pilares: la nacionalización del petróleo, el monopolio de YPF y el autoabastecimiento petrolero. Sin embargo, al poco tiempo reconoció que la petrolera estatal no podría lograr el autoabastecimiento y sería necesario recurrir al capital extranjero.

Durante su gestión se produjeron compras de maquinaria y construcción de infraestrutura que llevaron a YPF a duplicar su producción. Esto, sumado a la producción de las empresas extanjeras, llevó la producción total del país a las 15.600.000 toneladas de petróleo. De esta manera se logró el autoabastecimiento por primera vez en cincuenta años.

Frondizi fue depuesto por un golpe militar en 1962 y, luego de un breve interinato, asumió el gobierno el radical Arturo Illia quien ganó las elecciones de 1963. Illia se comprometió durante su campaña a disolver los contratos petroleros de Frondizi. Por medio de los decretos 744 y 745/63 se anularon los contratos que YPF había firmado con compañías petroleras extranjeras. Como consecuencia, YPF perdió el autoabastecimiento, y además la producción petrolera en 1965 fue inferior a la del año anterior. Durante el gobierno de Illia disminuyó tanto la producción de petróleo como la perforación de nuevos pozos.

En 1976, el gobierno militar, conocido como Proceso de Reorganización Nacional, anunció su política petrolera que consiste en la intervención cada vez mayor de las empresas privadas en detrimento de YPF.

Durante este período, la deuda de la empresa aumentó un 1613, % hasta llegar a los seis mil millones de dólares, al mismo tiempo que se despedía a 13 mil empleados. El aumento de la deuda estuvo relacionado con la desfinanciación de la compañía, debido a que el Ministerio de Economía retenía una parte del precio de la nafta en el surtidor.

Durante el gobierno de Carlos Saúl Menem se produjo su privatización junto a su entonces presidente, el ingeniero industrial José Estenssoro, y entre 1989 y 1992, se llevaron a cabo las principales reformas. El primer paso en este proceso de enajenación fue el cambio de tipo societario de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (que era una Sociedad del Estado) para convertirse en una Sociedad Anónima (YPF S. A.).

En 1993 el Estado mantenía el 20 % de las acciones y la acción de oro, y un 12 % quedaba en manos de los estados provinciales. El sector privado era propietario del 46 % del accionariado y lo componían bancos y fondos de inversión de diversos países. En 1998, el sector privado ya poseía casi el 75 % de las acciones, aunque el Estado mantenía la acción de oro.

Finalmente, la privatización culminó en 1999, cuando el Estado argentino vendió a Repsol un 14,99 % de las acciones de YPF, la transacción le costó a la petrolera española 13.437 millones de euros y permitió a Repsol YPF convertirse en la octava productora de petróleo y la decimoquinta compañía energética del mundo.

En diciembre de 2007, el Grupo Petersen, conglomerado empresarial argentino al mando de Enrique Eskenazi, compró el 14,9 % de YPF S.A., pasando al año siguiente a tener un 15,46 % y el 4 de mayo de 2011 aumentó su participación accionaria en la compañía en un 10 %.

Para el 31 de diciembre de 2011, el Grupo Petersen poseía el 25,46 % de YPF, la compañía Repsol el 57,43 %, el 17,09 % restante estaba en manos de inversores privados, flotando en bolsa, y un 0,02 % en poder del Estado argentino, que conservaba la acción de oro.

En 2012, Repsol, dada la situación causada por la crisis económica de 2008, se desprendió de otro 14,4 % de las acciones en favor del grupo Petersen. Ese año, YPF controló el 32 % de la producción de hidrocarburos y el 23 % de la de gas.

En la última semana de marzo de 2012, algunos gobiernos provinciales expropiaron áreas con yacimientos petroleros que estaban en concesión de Repsol YPF, debido a la baja producción de la empresa y a la falta de inversiones registrada durante muchos años. Tres áreas fueron retiradas o "expropiadas" a la petrolera: en la provincia de Neuquén, una llamada "Don Ruiz" de 109,1 km², y Chihuido de la Salina Sur y Portezuelo Minas, que suman en total una superficie de 242,4 km² y en consecuencia, las acciones de YPF decayeron un 15% en las bolsas.

El 16 de abril de 2012, la presidente en ese instante, Cristina Fernández de Kirchner, presentó el proyecto de ley "De la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina" que dispone la estatización parcial de YPF. El proyecto declaró de "interés público y nacional" al "autoabastecimiento de hidrocarburos", argumentando que "no es un modelo de estatización sino de recuperación de la soberanía. Seguimos manteniendo el modelo de Sociedad anónima y el de una conducción profesionalizada".

El 25 de abril de 2012, el Senado argentino dio media sanción al proyecto de ley de expropiación, aprobándolo por 63 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones y remitiéndolo para su tratamiento a la Cámara de Diputados. Esta aprobó el proyecto el 3 de mayo de 2012 por 207 votos a favor, 32 en contra y 6 abstenciones.