La Justicia Federal dio un paso clave en la causa que investiga las amenazas contra la periodista Julia Mengolini. El juez Sebastián Casanello procesó a tres simpatizantes libertarios acusados de enviarle mensajes intimidatorios a través de las redes sociales, entre ellos "te voy a secuestrar" y "vas a terminar con un balazo". La resolución, que también incluyó millonarios embargos y severas restricciones, puso el foco en el contexto de violencia digital que atraviesa la comunicadora, una de las voces críticas más atacadas por el presidente Javier Milei en su discurso público. El fallo del magistrado remarcó la gravedad de los hechos y destacó la posible participación activa de funcionarios del Estado como facilitadores de este clima de hostilidad, lo que añadió una dimensión institucional al expediente.

Los procesados son Carlos Alberto Eguez, un encargado de edificio, y dos jóvenes de 26 años: Ignacio Nahuel Orona y Aarón Tomás Espíndola. Según la investigación, los tres utilizaron sus cuentas de Instagram para perpetrar las amenazas contra Mengolini. Casanello les atribuyó el delito de amenazas coactivas a los dos primeros, mientras que a Espíndola le agravó la imputación por el carácter anónimo de la cuenta desde la que actuó, una circunstancia que, para el juez, incrementó la incertidumbre y el temor en la víctima.

En su resolución, el magistrado subrayó que estas no fueron simples expresiones ofensivas en el marco del debate político, sino "amenazas concretas, futuras, serias, graves y posibles" que tuvieron la capacidad real de amedrentar a la periodista y condicionar el ejercicio de su actividad profesional.

El expediente detalló los mensajes que derivaron en el procesamiento. A Orona se le imputó una serie de publicaciones enviadas en julio de 2025 donde no solo amenazaba con secuestrar y matar a Mengolini, sino que también extendía las advertencias a su círculo familiar. Espíndola, por su parte, fue señalado por un mensaje remitido en junio que incluía una amenaza de muerte y advertencias similares contra sus seres queridos. En el caso de Eguez, la prueba fue contundente: desde su perfil publicó el mensaje "Medrano al 700, ¿verdad?", una referencia directa al domicilio laboral de la periodista, lo que Casanello interpretó como un intento de reforzar la intimidación y demostrarle que el agresor conocía su ubicación . La investigación informática, que incluyó informes de Meta, registros telefónicos y direcciones IP, permitió vincular cada cuenta con sus respectivos dueños.

El fallo de Casanello no se limitó al análisis de los mensajes, sino que incorporó una perspectiva de género al considerar que los ataques se inscribieron en un contexto de violencia digital contra una mujer con exposición pública. 

En esa línea, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), que participó como amicus curiae junto a organizaciones como Amnistía Internacional, el CELS y Reporteros Sin Fronteras, señaló que las amenazas contenían expresiones misóginas y sexistas que buscaban degradar y disciplinar a la víctima por su condición de mujer y su rol como comunicadora . Este abordaje refleja la complejidad de un fenómeno que crece en las redes, donde el género se convierte en un agravante del hostigamiento.

Pero lo que distinguió a este caso, y que el propio juez destacó como un "aspecto de especial gravedad institucional", fue la conclusión a la que arribaron los organismos intervinientes: la posible participación activa de funcionarios del Estado como habilitadores de esta violencia. Según el planteo que Casanello tomó en su resolución, "el discurso estigmatizante oficial actúa como un habilitador para que miles de cuentas anónimas multipliquen la violencia, incrementando exponencialmente el daño y consolidando un clima de hostilidad y amenaza física real". 

Esta mirada sitúa a los procesados como la punta de un iceberg más profundo, donde las declaraciones de altos funcionarios, y en particular las del propio presidente Javier Milei, crearían un terreno fértil para que los ataques se multipliquen sin control.

A los procesados se les impuso un embargo de casi 50 millones de pesos a cada uno para cubrir las costas del proceso y una eventual indemnización. Además, se les prohibió salir del país y se les ordenó no modificar su domicilio sin previo aviso, así como notificar al tribunal ante ausencias de su residencia por más de 48 horas. 

La medida más estricta, sin embargo, es la prohibición de acercamiento a Julia Mengolini, a su familia y a todos los lugares que ella frecuenta, una restricción que busca garantizar su seguridad mientras avanza la causa . A pesar de la gravedad de los hechos, los tres procesados seguirán el proceso en libertad, ya que Casanello consideró que no existían elementos para suponer un riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación.

El procesamiento de estos tres militantes no solo representa un avance en la protección de una periodista que sufrió una escalada de ataques, sino que también sienta un precedente judicial en el abordaje de la violencia digital en Argentina. El fallo deja en claro que los mensajes en redes sociales, cuando revisten las características de una amenaza concreta y posible, pueden traspasar el límite de la libertad de expresión para convertirse en un delito penal. 

Además, al poner en el centro el discurso de los funcionarios públicos, la sentencia abre un debate incómodo para el poder político sobre su responsabilidad en la conformación de un clima de opinión que, como en este caso, puede derivar en acciones concretas contra quienes piensan distinto. Con esta resolución, la Justicia no solo protege a una víctima, sino que envía una señal clara sobre los riesgos de naturalizar el odio como herramienta de confrontación política.