E l caso de Techint -una conciliación obligatoria congeló los despidos- fue la punta del iceberg que hizo girar el timón en el Poder Ejecutivo. Un decreto de necesidad y urgencia pondrá un freno, al menos mientras dure la pandemia, a las suspensiones en las empresas, que también se verán beneficiadas en la medida: postergarían vencimientos para pagos en las contribuciones. Del otro lado, la CGT insistió en garantizar parte de los salarios.

En la órbita del Ejecutivo está la creación de un programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción. En Casa Rosada entienden que la pandemia afecta tanto a empleados como empleadores, a pesar de los reiterados mensajes de Alberto Fernández dirigidos al sector empresarial.

Fue Héctor Daer, cotitular de la CGT, quien recogió el guante en los últimos días. "Hay que preservar el empleo, primero que nada. Hay empresas que especulan", dijo el lunes a Radio El Destape. Y si bien la central obrera le presentó un proyecto en Balcarce 50, quedó fuera del armado del DNU que saldría en las próximas horas. "Actuaremos en conjunto con el gobierno", sentenció Carlos Acuña, su par en la conducción, ante "Mejor país del mundo", por Radio con Vos.

Uno de los pedidos que sale desde Azopardo es que el salario de los trabajadores se garantice mientras dure la pandemia. El monto, otra de las discusiones que quedó en el tintero. En esa línea se implementaría como medida la "asignación compensatoria al salario", es decir, un monto no remunerativo abonado por el Estado para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado. El movimiento obrero insistió con incluir los aportes jubilatorios y a las obras sociales.

En estudio está que para los empleadores de hasta 25 trabajadores el monto de la asignación sea 100% del salario neto, con un valor máximo de un salario mínimo vital y móvil; para los empleadores de 26 a 60 trabajadores, 100% del salario neto, con un valor máximo de hasta un 75% del SMVM, y para aquellas empresas de entre 61 a 100 trabajadores será de hasta un 50 por ciento.

"Se necesita un seguro de desempleo que pueda proteger a las familias. La indemnización complica a las pymes porque no la pueden afrontar", es el expreso pedido de Daniel Funes de Rioja, dirigente de la Unión Industrial Argentina.

Asimismo, desde Casa Rosada advirtieron que aquellos trabajadores despedidos sin causa y por razones de fuerza mayor desde el 29 de febrero deberán ser reincorporados. Vale aclarar que artículos de la Ley de Contrato de Trabajo habilitan a suspender sin pago salarial y a despedir y pagar el 50% de la indemnización en caso de "fuerza mayor".

Claro que entre el menú que ofrecerá el gobierno hay beneficios de la seguridad social: se postergarían los vencimientos para el pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino, y se reducirían las mismas.

En esa línea, Pedro Wasiejko -secretario interior de la CTA- le dijo a "Crónica" que la suspensión de los despidos sería "una medida más que acertada". Además pidió que "empresas pongan plata en un fondo patriótico", en este caso excepcional, y resaltó el rol de los gremios que pusieron a disposición el sistema sanitario y de hospedajes.

Entre los anuncios, el gobierno elevaría los montos de las prestaciones económicas por desempleo a un mínimo de $6.000 y un máximo de $10.000.

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