El Congreso de Guatemala anuló el polémico presupuesto de 2021, pocos días después de que la sede parlamentaria fuera incendiada en las protestas que se generaron por la aprobación de ese gasto. La mayor crítica fue hacia la distribución de los recursos que, en un país donde más de la mitad de la población vive en la pobreza, favorecía al sector privado por encima de los más necesitados.

La quema de algunas de las oficinas obligó al Parlamento unicameral a sesionar temporalmente en un centro cultural. La sesión plenaria -que duró más de nueve horas- fue acalorada, con enfrentamientos verbales, insultos y hasta con un amago de golpes entre diputados.

Al final, el decreto del presupuesto 2021 fue anulado y archivado definitivamente con una votación de 121 a favor y 24 en contra. Ahora el gobierno del presidente Alejandro Giammattei deberá reformular el presupuesto vigente de 2020 de u$s10.390 millones para que continúe el próximo año.

Pero ese no será el fin de los problemas para el presidente conservador que apenas lleva 10 meses en el poder. Gran parte de las protestas de los últimos días tienen que ver con los reclamos contra la corrupción y la gestión del gobierno.

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