E l gobierno nacional confirmó que buscará frenar los desalojos y congelar el monto de los alquileres durante los próximos seis meses.

La medida, anunciada por el presidente Alberto Fernández implicará la reactivación del Congreso, ya que el Ejecutivo considera que un decreto sería fácilmente objetable en la justicia. En los últimos días el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, había asegurado que en caso de ser necesario se organizaría algún sistema para poder sesionar sin la presencia de la totalidad del cuerpo.

En el proyecto de ley que se girará a la Cámara en los próximos días, el Ejecutivo también pedirá congelar el precio de los créditos hipotecarios. Tal como sucedió con otros anuncios, hay puntos todavía a definir: por un lado, a quiénes alcanza: si hay un límite en el monto de los ingresos o si se aplica exclusivamente a casos de vivienda única.

En declaraciones televisivas, el primer mandatario les pidió a los argentinos que "estén tranquilos". "A los que la están pasando mal los vamos a ayudar, que nadie se inquiete, es una tormenta que va a mojar más a algunos que a otros, pero la pasaremos", afirmó.

Desde las distintas agrupaciones de inquilinos habían elevado una solicitud en ese sentido al Presidente días atrás, al advertir que muchas familias perderán buena parte de sus ingresos por la cuarentena obligatoria. Según trascendió, el texto además segmentaría los beneficios: el congelamiento del valor de alquiler sería para los contratos que se terminan, y tal como se dio en otros puntos, privilegiaría a los sectores más vulnerables -identificados a partir del cobro de jubilación, AUH u otras prestaciones sociales- para separar a quienes pueden pagar una parte del valor mensual y quienes directamente deberán diferir la totalidad y encontrar un plan de pagos acordado.

Por su parte, las inmobiliarias remarcaron las innumerables dificultades generadas a partir del parate de la actividad. Entre otros puntos, mencionaron los casos de los contratos que se vencían entre marzo y abril, especialmente aquellos en los que no se pactó una renovación: "Los inquilinos no se pueden ir porque no hay mudanzas, por lo que no se ocupa el nuevo departamento, no se vacía el actual, que sigue ocupado sin un contrato ni una pauta de actualización para el propietario", destacaron desde el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Capital Federal (Cucicba).

La iniciativa representa además una particular dificultad legislativa, ya que se interpone en un acuerdo entre privados. De ahí que el gobierno busque el respaldo del Congreso y no se limite a un decreto de necesidad y urgencia (DNU).

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