T ras un extenso debate en un plenario de comisiones en el que expusieron integrantes del Poder Ejecutivo, el oficialismo de la Cámara de Diputados logró firmar dictamen de mayoría a favor del proyecto para reformar las jubilaciones especiales de jueces, fiscales y diplomáticos.

Luego de intensas negociaciones que ocurrieron en la trastienda del debate, el gobierno aceptó algunos cambios que reclamaban los sectores afectados por la reforma de los regímenes especiales, y que la oposición respaldaba. Por otro lado, rechazó una cláusula transitoria propuesta por Juntos por el Cambio para evitar un "éxodo" de jueces que están en condiciones de jubilarse.

Las concesiones fueron ratificadas durante las exposiciones del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, del titular de la Anses, Alejandro Vanoli, y del secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi, que fueron los primeros oradores del debate.

El proyecto del gobierno eleva del 11 a 18% los aportes adicionales al régimen general, establece el 82% móvil sobre un promedio de los últimos diez años -y no sobre el último haber- y eleva la edad jubilatoria a 65 años, aunque finalmente, y producto de las negociaciones, el incremento quedó sólo acotado a los hombres y con una escala gradual hasta 2025 (ver vinculado).

El oficialismo logró dar el primer paso para tratar el proyecto mañana en el recinto, donde espera contar con apoyo de una porción de la oposición. Como el interbloque de Juntos por el Cambio, que preside Mario Negri, no consiguió la modificación que pretendía, informó anoche que hoy no dará quórum en la sesión especial.

El diputado Pablo Tonelli (Pro) fue quien planteó la necesidad de incorporar una cláusula transitoria "que asegure de manera real, concreta y efectiva que quienes hoy están en condiciones de jubilarse van a poder hacerlo con este régimen en el futuro si es que permanecen en el Poder Judicial".

El legislador y consejero de la Magistratura consideró que este cambio "es decisivo para evitar una suerte de éxodo o fuga del Poder Judicial" que genere numerosas vacantes.

Goñi respondió que esta aclaración está contemplada en el mensaje que acompaña al proyecto, tras lo cual rechazó la propuesta. "¿Qué pasaría si estuviéramos discutiendo el Código Penal y se propusiera un artículo que diga que el que no roba no va preso?", comparó el funcionario. "Cuando un ciudadano en vigencia de una ley cumple todos los requisitos para adquirir esa prestación, esa prestación queda incorporada a su patrimonio". "Aclarar lo obvio no nos parece ni conveniente ni prudente", sentenció.

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