E l juez Rodolfo Canicoba Corral citó a declaración indagatoria y le dictó la prohibición de salir del país al ex ministro de Hacienda de Cambiemos Nicolás Dujovne, al ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Javier Iguacel y al ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich, por la causa peajes. Los ex funcionarios se mantienen en silencio.

La decisión también recayó sobre el ex procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, el ex jefe de Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional Ricardo Stoddart y el presidente ejecutivo de Ausol y del Grupo Concesionario del Oeste, Andrés Barberis.

Según el juez, la salida del país es para "garantizar la comparecencia" y aclaró que la indagatoria la hará por videollamada en el marco de la cuarentena, pero no estableció la fecha.

La causa investiga maniobras defraudatorias que tuvieron como víctimas a las arcas del Estado llevadas a cabo por los entonces funcionarios públicos que intervinieron en las negociaciones y el procedimiento de renegociación del contrato de concesión del acceso norte y del acceso oeste. El magistrado consideró que existe el grado de sospecha para indicar que los señalados participaron en la comisión de los delitos investigados.

Según señaló El Destape, los acuerdos son con Autopistas del Sol (Ausol) y con el Grupo Concesionario Oeste (GCO), ambas controladas por Abertis, y apuntaron a garantizarles el recupero de las supuestas inversiones que hicieron desde 1994, cuando Carlos Menem les dio las concesiones de los accesos norte y oeste, respectivamente. Ausol reclama 499 millones de dólares, GCO otros 247 millones, y el gobierno de Macri les reconoció esos montos. Como las concesiones vencen a finales de 2018, la solución que acordaron Macri y Abertis para que copten ese dinero es prorrogarlas hasta el 31 de diciembre del 2030 con las tarifas dolarizadas y un acuerdo que sólo beneficia a la empresa.

Cabe recordar que el mes empezó con un revés para la familia Macri. A través de un escrito presentado ante Cancillería, el juez Rodolfo Canicoba Corral solicitó el 3 de junio realizar allanamientos en España a las oficinas de la empresa Abertis, socia del Grupo Macri, en el marco de la denominada causa "peajes", una posible defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública durante la presidencia.

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