L a jueza en lo comercial Marta Cirulli dispuso la "intervención plena" de la empresa Correo Argentino SA y el "desplazamiento total" de sus directivos. Ambas medidas habían sido solicitadas por la fiscal ante la Cámara en lo Comercial, Gabriela Boquín, y el procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, luego de que fracasaran las propuestas de acuerdo de pago a acreedores y tras denunciar maniobras de vaciamiento.

Entre los motivos de la medida dispuesta por la jueza en lo comercial se encuentra la reticencia de la empresa ante requerimientos del tribunal, lo que imposibilitó el "conocimiento cabal del engrosamiento de sus nuevos pasivos" y sembró "un manto de duda sobre la sinceridad de lo que venía expresando sobre su real endeudamiento".

Para decidir las medidas "hasta que concluya el procedimiento de salvataje", Cirulli ponderó las dificultades que expuso el coadministrador judicial para llevar a cabo la tarea encomendada, por falta de datos e información, aunque calculó que -a fines de septiembre de 2019- la composición del pasivo posconcursal era de 191.997.055,52 de pesos.

En su fallo, la jueza cuestionó "el proceder que viene evidenciando Correo Argentino SA en punto a la determinación concreta del pasivo posconcursal, aun bajo la coadministración" y consideró que "resulta esquivo e imprevisible, y sigue arrojando un manto de duda sobre el esperable comportamiento sincero".

"Noto que el comportamiento de la concursada en punto a las imputaciones en examen sólo contribuye a la procedencia del planteo formulado por el Ministerio Público", sostuvo Cirulli.

La magistrada señaló además que la empresa, además de "responder parcialmente y ‘a cuentagotas’ lo requerido por el coadministrador, no controvirtió" las imputaciones formuladas por la fiscal Boquín sobre una deuda con AFIP "de nada menos que $600.000.000" de impuestos a las Ganancias y a la Ganancia Mínima Presunta.

Las autoridades del Correo Argentino SA habían responsabilizado al Estado nacional de haber provocado una situación de cesación de pagos y apropiarse de sus activos. Los representantes de la empresa habían sostenido que "no les resultaba posible suministrar tal información en razón de que habían sido desposeídos, en el año 2003, de sus registros informáticos y documentación respaldatoria". Zannini y Boquín habían coincidido sobre el "vaciamiento" de la empresa del Grupo Macri con irregularidades con "entidad suficiente" para perjudicar al Estado, principal acreedor del concurso.

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