E n medio de las advertencias de la Organización Mundial de la Salud sobre el peligro que representa Brasil como principal foco del coronavirus, el presidente Jair Bolsonaro no para de sumar escándalos que ponen en peligro su continuidad en el cargo. Ahora reveló que cuenta con un sistema paralelo de inteligencia.

Un servicio que le avisó de las operaciones policiales contra sus hijos y la negativa a entregar su teléfono celular en caso de que la Corte Suprema lo requiera son los nuevos frentes que se le abren al presidente de Brasil.

La revelación de Bolsonaro de tener informantes que trabajan por fuera del sistema legal robustece la histórica alianza de su familia con los uniformados de Río de Janeiro que pertenecen a las "milicias" o grupos parapoliciales que nacieron para combatir ilegalmente al narcotráfico.

Dos policías miembros de esta organizaciones de la llamada "Oficina del Crimen" salieron del barrio cerrado donde vive Bolsonaro en Barra de Tijuca para matar a la concejal socialista Marielle Franco en marzo de 2018, pero la policía no encontró vínculo entre el presidente y este episodio.

No obstante, Bolsonaro descartó haber manipulado a la Policía Federal, tras la exhibición de un video liberado por la Corte Suprema de la reunión de gabinete del 22 de abril.

Esa reunión es evaluada como prueba en el proceso que el Supremo Tribunal le abrió a Bolsonaro tras la denuncia del ex juez Sergio Moro, que renunció al Ministerio de Justicia y afirmó que el presidente quería manipular a la Policía Federal.

Es en este marco que Bolsonaro confiesa que tiene un "servicio de informaciones propio" que actúa "mucho mejor" que la inteligencia militar y policial del gobierno.

Él dijo que policías y militares le envían informaciones a su celular desde todo el país, por fuera de las fuerzas. Incluso reveló que cuando iban a allanar la casa de uno de sus hijos en Río de Janeiro, policías que iban a participar del operativo le avisaron.

En el video de la reunión de gabinete, Bolsonaro dice que la mejor forma de enfrentar a gobernadores e intendentes que prohíben aglomeraciones por la cuarentena es armar a la población. "No hay libertad sin el pueblo armado, el pueblo sin armas está esclavizado", afirmó.

Después de esa reunión de gabinete, Bolsonaro le quitó potestad al ejército para participar del control de armamento.

Esta revelación se suma a la amenaza hecha por el propio presidente de que en el marco de la investigación por obstrucción de la Justicia no entregará su teléfono celular al juez de la Corte Celso de Mello. La oposición pidió al Supremo Tribunal Federal confiscar el celular de Bolsonaro, y Mello pasó ese pedido al fiscal general, que es el acusador en el proceso. Sin embargo, el gobierno se adelantó y advirtió que la Corte Suprema podría desestabilizar al país con esta "afrenta".

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