T ras la denuncia penal presentada días atrás por la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, la fiscal federal Paloma Ochoa imputó ayer a la ex vicepresidenta Gabriela Michetti por supuestas irregularidades en contrataciones efectuadas para realizar obras de refacción en el Senado de la Nación.

Lo hizo al impulsar la investigación ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, en la que además imputó al ex secretario administrativo del Senado, Helio Rebot, y al presidente de la empresa adjudicataria de las obras Dinale S.A., Germán De Vincenzo.

Junto con el impulso de la investigación, la fiscal pidió varias medidas de prueba, algunas de las cuales tendientes a tener la documentación relacionada con las licitaciones por las obras encaradas en la Cámara Alta. Por sorteo la causa recayó en el juzgado que actualmente subroga Martínez de Giorgi, en reemplazo de Claudio Bonadio.

La denuncia que realizó el Senado, que preside ahora Cristina Fernández de Kirchner, se basó en la "existencia de serias deficiencias e irregularidades tanto en el trámite de la licitación como en el proceso de ejecución de las obras en cuestión".

Según Graciana Peñafort, se evidenció "un estado de deterioro" en instalaciones muebles e inmuebles del Senado y presentó la denuncia luego de analizar la licitación, adjudicación y ejecución de obras entre 2018 y 2019.

Concretamente, la sospecha está en tres obras "de magnitud" que fueron adjudicadas a la firma Dinale S.A., que -según la denuncia- "ni siquiera se encontraba inscripta dentro del registro de proveedores del Senado de la Nación y que no siempre había formulado la mejor oferta en el marco de las distintas licitaciones".

Entre las obras denunciadas, está la readecuación del tablero principal de distribución de baja tensión, sus celdas y llaves de salida del edificio anexo Alfredo Palacios; la reestructuración de las vías de escape, contra incendios, Sector Solís; y la puesta en valor de terrazas, patios, contrafrente y circulación en el edificio anexo Alfredo Palacios. Según la denuncia, el pago por las obras fue de 180 millones a la empresa que ni siquiera terminó las obras. Se verificaron otrogamientos "excepcionales" de anticipos de obra "por fuera de la normativa sin motivación alguna" y agrega que una vez otorgados no fueron descontados conforme los avances de obra certificados.

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