La Justicia aceptó el pedido del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, de postergar el desalojo de la toma de Guernica hasta el 1° de octubre para consensuar con los usurpadores una "desocupación pacífica" del predio de 100 hectáreas.

La decisión se tomó luego de que Kicillof presentara un escrito firmado por Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad, en el que le pidió al Juzgado de Garantías número 8, a cargo de Martín Miguel Rizzo, que tuviera "a bien evaluar la posibilidad de postergar hasta el 1° de octubre próximo el lanzamiento masivo ordenado" por el magistrado para los días 23, 24 y 25 de septiembre próximos.

"A criterio de los funcionarios y funcionarias del gobierno provincial que conformamos el dispositivo interministerial abocado al caso, los diez días venideros son cruciales para lograr una desocupación pacífica del predio en conflicto", detalló Larroque en el documento.

Se estima que también se tuvo en cuenta que en desalojos anteriores, como los realizados en José C. Paz o en La Matanza, hubo enfrentamientos entre Gendarmería y un grupo de usurpadores, a quienes se les llegó a secuestrar facas, armas blancas y hasta lanzas hechas con caños o hierros, entre otros objetos contundentes.

La administración Kicillof hasta el momento no logró consensuar con los tomadores una salida. Les ofrecieron otras parcelas para ser mudados, pero no aceptaron. Asimismo, la intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero, aseguró que en su distrito no hay tierras fiscales para ser entregadas a las casi dos mil personas asentadas precariamente en los terrenos privados usurpados.

El director provincial de Atención Inmediata del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Santiago Fidanza, negó que se haya hablado de la posibilidad de un fideicomiso para que los ocupantes de tierras en Guernica se queden en ese lugar. En declaraciones radiales dijo que "no sabemos de dónde surgió la noticia pero fue desmentida categóricamente por el ministro Larroque", al tiempo que confirmó que esperan que la Justicia avale el pedido de la provincia para posponer el desalojo para el 1° de octubre.

En tanto, explicó que "la etapa de ordenamiento se ha realizado por el esfuerzo de la provincia con el municipio y Nación para terminar el censo y buscamos que las personas abandonen voluntariamente el predio, por eso creemos que hay que prolongar los plazos".

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