R eunión con el presidente Alberto Fernández en Olivos, pedidos de renuncia a funcionarios, nuevas reglas para la compra de alimentos y anular las realizadas con sobreprecios que dispararon el escándalo en medio de la pandemia del coronavirus fueron los asuntos urgentes que marcaron la agenda el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, durante el día de ayer.

El primero al que se le exigió la renuncia fue al secretario de Articulación de Políticas Sociales, Gonzalo Calvo, quien autorizó compras de azúcar y aceite a valores por encima de los "precios testigo" fijados por la Sigen. Los rumores de que se ampliaría la cantidad de pedidos de renuncia sonaron toda la tarde y tras la extensa reunión en Olivos entre Arroyo y el Presidente. Se cree que al menos una docena más de funcionarios no continuarán en su cargo. Al cierre de esta edición no estaban confirmados los nombres.

La decisión sobre Calvo surgió como "primer resultado de la investigación que se inició el último lunes" sobre el proceso de compra de partidas de aceite y azúcar que serán repartidas entre comedores y merenderos de las zonas más vulnerables del país, detallaron voceros del Ministerio de Desarrollo Social.

"También se va a revisar el circuito administrativo para las compras" realizadas por la cartera, donde "no se descartan más cambios", apuntaron los informantes bien temprano.

Casi en paralelo con el primer funcionario en quedar afuera, Arroyo ordenó anular la compra de aceite y azúcar donde se detectaron las irregularidades. El ministro firmó una resolución interna en la que determinó la "anulación completa" de la partida con sobreprecios.

Por ejemplo, por la resolución 156/2020, se había adjudicado la compra de envases de aceite comestible mezcla por 1,5 litro cada uno de marca Indigo a la empresa Teylem, por un precio unitario de $166,58. Esto es un 14% más que el precio que se paga en las cadenas de supermercados de ciudad de Buenos Aires, donde el envase de 1,5 litro de aceite de girasol Cocinero, de primera marca, se vende a $145,79.

El ministro dispuso también llamar de inmediato a elaborar el nuevo proceso de compra directa con precios máximos establecidos por el gobierno.

Se resolvió entonces que en los procesos de compra que se realicen para atender la emergencia en el marco del Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios "no podrá en ningún caso abonarse montos superiores a los precios máximos" establecidos por la Secretaría de Comercio Interior. Esto será de aplicación "a los procesos de compra que se encuentren en curso y que a la fecha de vigencia de la presente no hubieran sido adjudicados", según trascendió la normativa pronta a publicarse en el Boletín Oficial.

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