D etenidos en cárceles federales, entre ellos ex funcionarios, empresarios y represores, reclamaron en los últimos días su excarcelación o prisión domiciliaria por temor a contraer coronavirus en los penales, pero en la mayoría de los casos se rechazaron planteos porque no hay contagio en cárceles, donde se están extremando las medidas de prevención.

Hasta ahora, una de las excepciones en la Cámara Federal de Casación fue la de una detenida con prisión preventiva y sin condena, con una grave patología de salud y madre de un nene, a la que se le otorgó prisión domiciliaria por temor a que se contagie el Covid-19.

Pero el máximo tribunal penal del país negó, por ejemplo, ese beneficio al ex secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi; al empresario Claudio Cirigliano y al ex directivo de la ex concesionaria TBA, Victor Astrella, todos condenados por la tragedia del tren de Once. En todos los casos se ordenó tomar recaudos para "garantizar la salud" de los detenidos "de acuerdo al contexto extraordinario actual de pandemia".

La emergencia sanitaria declarada "no comprende ninguno de los supuestos" por los cuales puede otorgarse un beneficio de manera automática, concluyeron -por ejemplo- los jueces del Tribunal Oral Federal 4, que rechazaron excarcelar al detenido empresario Lázaro Báez. Con similar argumento se negó poco después en el mismo Tribunal la excarcelación al detenido ex vicepresidente Amado Boudou, condenado a cinco años y ocho meses de cárcel en la causa Ciccone.

El Servicio Penitenciario Federal informó que si un paciente presenta síntomas de contagio de Covid-19 será trasladado a un hospital extramuros con aislamiento, según se citó en el fallo que negó la excarcelación a Boudou, preso en la cárcel de Ezeiza.

El viernes último, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín rechazó dar el arresto domiciliario al detenido por delitos de lesa humanidad Bernardo Caballero, actualmente juzgado por privaciones ilegales de la libertad, tormentos, violaciones y homicidios cometidos en la última dictadura cívico militar. Caballero está preso en Campo de Mayo, tiene 64 años y argumentó padecer obesidad. Los jueces entendieron que en caso de contagio el mejor lugar para su atención sería el hospital de esa guarnición y no su domicilio.

Otro que intentó sin éxito obtener prisión domiciliaria fue el represor condenado Miguel Etchecolatz. En su caso integra el listado de grupos de riesgo, tiene 90 años, pero pese a ello el Tribunal Oral Federal 6 de la ciudad de Buenos Aires denegó el planteo porque -según sostuvo- "hasta el momento no se ha presentado entre la población carcelaria ningún caso de contagio", por lo cual la suposición de riesgo es "conjetura".

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