H oy se define si continúan con prisión preventiva los acusados de matar a Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, pero se resolvería sobre el pedido de prisión domiciliaria. La Sala I de la Cámara de Apelaciones de Dolores definirá la situación de ocho rugbiers. El tribunal, conformado por Miriam Yaltone, Luis Felipe Defelitto y Fernando Sotelo, deberá decidir si continúan con prisión preventiva los acusados que están detenidos en la alcaidía de Melchor Romero. También deberá decidir sobre la recusación hacia la fiscal Verónica Zamboni, que planteó el defensor de los imputados, Hugo Tomei. "Sería muy injusto que le den ese privilegio", dijeron en un video los padres de la víctima.

Por el asesinato están detenidos Lucas, Luciano y Ciro Pertossi, Ayrton Michael Viollaz, Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Blas Cinalli y Matías Benicelli, mientras que Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi fueron beneficiados hace dos meses con la excarcelación, aunque siguen vinculados al proceso. Se especula con que la Cámara no decidirá sobre la solicitud de prisión domiciliaria para los ocho detenidos, que se ventila en un expediente aparte. Ninguno de los ocho imputados figura en el listado de 662 presos, elaborado por el Ministerio de Justicia bonaerense, que podrían ser beneficiados con la prisión domiciliaria por integrar los grupos de riesgo ante el coronavirus entre la población penal. Los ocho rugbiers tienen entre 19 y 21 años y no sufren patologías crónicas que deriven en su inclusión entre los grupos de riesgo por el Covid-19.

Por otra parte, los padres de Fernando grabaron un video en el que aseguran que "sería muy injusto" que le otorguen la prisión domiciliaria a los detenidos por el asesinato. "Estamos esperando que la Cámara dictamine una resolución y que no les den la prisión domiciliaria. Sería muy injusto que le den ese privilegio. Ellos no le dieron la oportunidad ni siquiera para defenderse", dijo Graciela y Silvino afirmó que siguen reclamando justicia y pidió que la gente los siga acompañando. Fernando Burlando, uno de los abogados de la familia de la víctima, consideró que "no hay elementos" para que suceda lo contrario. "Sería casi una irrealidad que le den la domiciliaria porque el juez ya habló de los riesgos procesales existentes, como el peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación", señaló el abogado y en cuanto a la pandemia "los acusados no integran ningún grupo de riesgo, por lo que no califican para ser alcanzados por esa disposición".