P or estas horas, la justicia federal se encuentra evaluando la denuncia penal presentada el último jueves por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, para que se investiguen distintas contrataciones que llevó adelante la Jefatura de Gabinete de Ministros en el período 2016-2019, las cuales fueron adjudicadas sin concurso a Aura Advertising SA, La Comunidad SA, Circus BA SA y Power República SA, por un monto de al menos 291 millones de pesos.

La denuncia es por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, previsto en el artículo 265 del Código Penal, aunque no se descarta la posible concurrencia de otras figuras penales. La presentación se basa en una investigación preliminar desarrollada en el seno de la PIA que determinó que desde la Secretaría de Comunicación Pública -dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a cargo entonces de Marcos Peña- se habría gestado un esquema de contrataciones de empresas publicitarias relacionadas con el gobierno de turno, en flagrante violación a los principios de las contrataciones públicas.

Según la PIA, las empresas beneficiadas serían las mismas que participaron en el desarrollo de las campañas publicitarias de la coalición política Cambiemos en el marco de la contienda electoral que llevó a Mauricio Macri a la presidencia de la Nación en 2015. Asimismo, habrían sido las encargadas de desarrollar la publicidad oficial de otros distritos gobernados por el mismo signo político, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Vicente López.

Para lograr el cometido, la Jefatura de Gabinete de Ministros impulsó la modificación del decreto 984/2009, el cual otorgaba exclusividad a Télam SE en el desarrollo de la publicidad oficial. Ello se logró a través del decreto número 978/2016, que firmó la entonces vicepresidenta Marta Gabriela Michetti (a cargo del Poder Ejecutivo nacional), por lo cual también está comprendida en la denuncia.

Además, de acuerdo con la denuncia, para lograr la adjudicación directa de contratos millonarios a las empresas publicitarias vinculadas al partido, se utilizó un artilugio legal previsto en materia de contrataciones públicas que no resultaría aplicable a los expedientes analizados por la PIA. Las contrataciones se habrían adjudicado de modo directo, esto es, sin concurso de precios y sin permitir la competencia de otras empresas que pudieran mostrarse interesadas y -eventualmente- ofrecer el cumplimiento de las prestaciones por un monto más beneficioso para el Estado. También se observaron pagos realizados por el Estado a las mismas empresas sin la celebración previa de un contrato, en clara violación a la normativa de contrataciones públicas.

Además de señalar a los funcionarios públicos intervinientes en las contrataciones, la PIA sugirió la realización de distintas medidas probatorias tendientes a dilucidar la participación de personas físicas privadas y remarcó la aplicación de la ley 27.401 (de Responsabilidad Penal aplicable a las Personas Jurídicas Privadas) a las sociedades anónimas contratadas.

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