E l dolor que tenemos es para siempre, no tiene marcha atrás". Lo dijo en la puerta de su casa Graciela Sosa, tras recordar el momento en el que fue a reconocer el cadáver de su hijo, Fernando Báez Sosa, asesinado hace un año en Villa Gesell al ser atacado a trompadas y patadas por un grupo de rugbiers a la salida de un boliche. Los padres expresaron la necesidad de que este año se lleve a cabo el juicio oral para que haya una condena a los culpables, aunque consideraron que la tristeza los acompañará "toda la vida". "Nosotros ya estamos arruinados de por vida. Tratamos de sobrevivir por Fernando, pero se me acabó la felicidad para siempre", dijo la mujer.

"Hace un año, a esta hora, llegábamos a Villa Gesell para reconocer el cuerpo de mi hijo", aseguró, con lágrimas en los ojos, mientras la abrazaba su esposo, Silvino Báez. "Deseamos que sea una justicia que condene a perpetua a los acusados. Y que estos cumplan con la ley, que no sea que en 5 o 10 años digan que tuvieron buen comportamiento y los larguen, eso sería terrible para nosotros", dijo Graciela. "Confiamos en que se realice el juicio, creo que llegó el momento, hace un año que estamos esperando una condena. Necesitamos que la Justicia actúe y que tengamos un poquito de paz y de tranquilidad", agregó Silvino. "La felicidad, a nosotros, nunca va a volver", aseguró el hombre, quien consideró que el juicio será "un bálsamo de tranquilidad" porque "los culpables van a pagar, ya sea durante un juicio con jurado popular o en un juicio oral". El fiscal general de Dolores, Diego Escoda, expresó por su parte que intentarán avanzar en lo que falta en el expediente para que el juicio oral se realice este año. Escoda dijo que la investigación se pudo realizar en los plazos establecidos "a pesar de la pandemia" y afirmó que "se intentará" avanzar en la pesquisa "para que el juicio se realice este año"."Las cámaras de seguridad fueron fundamentales (para avanzar con la investigación) desde el primer momento cuando Fernando fue atacado hasta poder individualizar a los autores. Hubo un seguimiento (de los imputados) a través de las cámaras que permitió individualizar el domicilio donde se alojaban", dijo el fiscal. Dijo que en el marco del expediente también "hubo reconocimiento en fila de personas, pericias y otros elementos que fueron valorados" para imputarles, en esta instancia de la pesquisa, a los ocho rugbiers el crimen. "Las filmaciones tanto públicas como privadas fueron fundamentales", afirmó Escoda. Con respecto a la estrategia de la defensa de los imputados, que hasta el momento aconsejó a los acusados que no declaren, el fiscal expresó que los sospechosos tienen el derecho constitucional "a prestar declaración o negarse a hacerlo, cada defensor tiene una estrategia", aunque explicó que "pueden declarar en el juicio".

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