Por Florencia Golender

@flopa01

La informalidad del mercado de alquileres para la vivienda permanente, que evita el pago de impuestos por parte de los propietarios y las inmobiliarias, atenta en plena pandemia del coronavirus contra el aislamiento obligatorio dispuesto por el gobierno. En los últimos días, abundan las denuncias de inquilinos en las redes sociales ante la imposibilidad de pagar de manera electrónica, es decir, a través de una transferencia bancaria, como establece la reciente ley.

El problema fue evidente con el comienzo de abril, ya que en los primeros 10 días del mes suele realizarse el pago de la renta. Según establece el DNU 320/2020, del 29 de marzo, el propietario "deberá comunicar en los próximos 20 días a la parte locataria los datos necesarios para que ésta pueda, si así lo quisiera, realizar transferencias bancarias o depósitos por cajero automático" para pagar el alquiler.

A pesar de la existencia de esta norma, abundan las quejas de los inquilinos en las redes sociales: "De la inmobiliaria me quieren enviar a alguien a cobrar a mi casa, violando la cuarentena y obligándome a ir al banco a retirar el efectivo", cuenta un usuario en Twitter.

Otro describe: "Hablé con el dueño y me quiere enviar una moto a cobrar antes de darme un CBU adonde transferir". Increíblemente, algún otro cuenta: "¡De la inmobiliaria me quieren cobrar el costo bancario de la transferencia!". Y uno más: "Me dicen que pase a pagar a partir del 13 de abril, cuando termine la cuarentena obligatoria".

"El decreto es claro: la parte locadora o sea el dueño debe aportar el CBU para que el inquilino realice el pago electrónico y no presencial a partir de abril y hasta septiembre. La norma no es solamente para este mes que hay que quedarse en casa, son 180 días, para evitar la circulación", explicó a Gervasio Muñoz, presidente de Inquilinos Agrupados, a Crónica y resaltó que la obligación de presentar un punto de pago electrónico "no es de la inmobiliaria, sino de los propietarios".

“Si el dueño se niega a cumplir con el DNU, lo mejor es enviar un mail solicitando el CBU para que quede constancia de la intención de pago y no pagar hasta que cumplan”, explicó Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados.

Lo más usual en este mercado es que el inquilino absorba el riesgo de ir cada mes al cajero automático o a la caja del banco y retire el efectivo para acercase a la inmobiliaria a pagar. Frente a este nuevo escenario aparece la negación a perder ese "privilegio", que evita la operación bancaria y a los propietarios explicar de dónde provienen esos ingresos.

Ante las excusas recibidas, Muñoz sugiere "pedir por mail el CBU para depositar el dinero del mes", para que "quede constancia de la intención de pagar". "Si no se lo dan, lo mejor es no pagar y la inmobiliaria o el propietario no pueden llevar adelante acciones legales", agregó.

Precios regulados

La emergencia sanitaria por el coronavirus incluyó, entre las medidas del Gobierno, el congelamiento de los alquileres por seis meses al valor de marzo, suspendió los desalojos por falta de pago y prorrogó la vigencia de los contratos, con conformidad de la parte locataria hasta el 30 de septiembre.

La deuda por diferencia de precio entre lo que debía pagarse y lo que efectivamente está acordado en los contratos se pagará recién a partir de octubre. Este endeudamiento que deberán afrontar los inquilinos es otro de los problemas a resolver a futuro entre las partes.

"El Gobierno tomó esta decisión porque la alternativa era una crisis habitacional sin precedentes.Todo esto pone de manifiesto que el inquilino no puede estar a merced del mercado, necesita de un Estado que lo proteja, el Congreso tiene que tratar cuanto antes la Ley de Alquileres", aseguró Muñoz y, para cuando llegue octubre y haya que afrontar los nuevos valores más las deudas por diferencia, adelantó: "Cuando llegue el momento, haremos un planteo mucho más fuerte sobre la regulación del precio de los alquileres, queda claro en medio de esta emergencia que es necesario ya no es imposible, como decían".

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