Por Florencia Golender
@flopa01

Mientras se acumulan las denuncias de inquilinos en redes sociales, una encuesta constató que el 50,1% de los propietarios incumple la obligación de facilitar el pago electrónico en plena vigencia del decreto firmado por el presidente Alberto Fernández que, además, congela los precios por 180 días. Aún con esta norma, el 42% de los consultados aseguró que no puede pagarlo.

Mantener la distancia social, aún a costa de la economía, es indispensable para evitar contagios del virus Covid-19. En ese sentido, que el inquilino no tenga que ir al banco o al cajero a retirar el efectivo y acercarse hasta la inmobiliaria o a la casa del propietario resulta un aporte fundamental, al que los dueños de los inmuebles se resisten.

La encuesta publicada este sábado por el Frente Inquilinos Agrupados, sobre casi 8.000 casos relevados en todo el país, entre el lunes 6 y jueves 9 de abril, confirma este abuso comercial y arroja otra conclusión preocupante: de todos ellos más del 42% manifestó no poder pagar el mes de abril.

42% no pudo pagar. De casi 8.000 encuestados, un amplio porcentaje no puedo afrontar el alquiler del mes de abril.

"Son los dueños, no las inmobiliarias, los que deben entregar un punto de pago de electrónico, la opción más común para cumplir es pasar el CBU de una caja de ahorro y que el inquilino pueda pagar por transferencia bancaria", aclaró Crónica el presidente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, quien agregó que esa resistencia por parte de los propietarios "no sorprende para nada, ya que siempre se manejaron así".

El estudio realizado permite determinar el impacto de la paralización de la economía en el pago de los alquileres de vivienda, así como también la conducta del mercado frente a las nuevas disposiciones que estableció el gobierno.

Pago suspendido

Entre los datos más impactantes, sobresale que el 41,9% de los inquilinos no pudo pagar el mes de abril, por la pérdida de sus fuentes laborales, y el 58,4% percibe menos ingresos comparado con marzo.

3% cobró recargo. Un pequeño porcentaje de inquilinos aseguró que la inmobiliaria le pasó el CBU pero le aplicó un recargo por el costo de la transferencia. El 42% cumplió la norma y pasó el CBU.

"A la crisis que atraviesan desde hace rato los inquilinos se sumó esta situación y ahora el problema se hace más evidente. A partir de octubre, cuando termina la regulación, si les tocaba aumento y no se aplicó por el congelamiento, van a tener que afrontar la deuda más el alquiler del mes, eso es inviable", explicó Muñoz.

Regulación permanente

El panorama es más complicado si se tiene en cuenta que, a su vez, el 34,1% de los que participaron de la encuesta tiene un miembro del hogar que perdió el trabajo o no percibe ningún ingreso desde la cuarentena.

Desde la federación aseguran que están reclamando sanciones a las inmobiliarias que no cumplan con el DNU, y atribuyen la irregularidad a que las inmobiliarias tienen la mayor parte de sus contratos "en negro".

58% menos ingresos. La mayoría indicó que con la cuarentena obligatoria tiene menos ingresos que antes. Muchos de ellos perdieron el empleo o se dedican de forma independiente a una actividad paralizada.

"Los próximos meses van a ser muy duros para los inquilinos y a partir de octubre aún más, por eso pedimos que es urgente la Ley de Alquileres, que duerme en el Congreso. La regulación de precios ya quedó evidenciado que no es imposible", aseguró el experto y enumeró para Crónica cuáles van a ser los pedidos urgentes de la federación al Parlamento nacional: congelamiento de precios y suspensión de desalojos por dos años.

Obligaciones

Vale repasar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que dispuso el congelamiento de los precios de los alquileres y suspensión de los desalojos por falta de pago durante seis meses, en el marco de las medidas adoptadas para mitigar el impacto económico ante la crisis por el coronavirus (Covid-19). La norma, publicada en el Boletín Oficial, suspende los desalojos por falta de pago y prorroga la vigencia de los contratos, con conformidad de la parte locataria hasta el 30 de septiembre.

También dicta el congelamiento de los precios de los alquileres al valor de marzo y que la deuda por diferencia de precio entre lo que se debía pagar y lo que efectivamente acordado en los contratos se pague recién a partir de octubre.

"Ante estas situaciones, muchos locatarios y locatarias, en el marco de esta coyuntura, pueden incurrir en incumplimientos contractuales, y ello, a su vez, puede desembocar, finalmente, en el desalojo de la vivienda en la cual residen. Ello agravaría aún más la compleja situación que atraviesan y las condiciones sociales imperantes", sostiene el documento oficial.

34% problema laboral. Manifestaron que algún miembro de su familia se quedó sin trabajo desde que rige el aislamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus.

Las deudas que se produzcan por falta de pago deberán pagarse recién a partir de octubre, en tres cuotas iguales y consecutivas, a pagar en un plazo máximo de seis meses partir del pago de la primera cuota.

El pago de la diferencia podrá incluir intereses compensatorios, que no podrán exceder la tasa de interés para plazos fijos en pesos a 30 días que paga el Banco Nación, pero no podrán aplicarse intereses punitorios ni moratorios, ni ninguna otra penalidad.

La norma también prevé que quedará exceptuado del pago aquel locador que acredite que depende del monto que destina para el alquiler para cubrir sus necesidades básicas o las de su familia primaria conviviente.

Los alquileres alcanzados por el DNU son: inmuebles destinados a vivienda única urbana o rural; habitaciones destinadas a vivienda familiar o personal en pensiones, hoteles u otros alojamientos similares; e inmuebles destinados a actividades culturales o comunitarias. Asimismo, incluye a inmuebles rurales destinados a pequeñas producciones familiares y pequeñas producciones agropecuarias; inmuebles alquilados por personas adheridas al régimen de Monotributo, destinados a la prestación de servicios, al comercio o a la industria; e inmuebles alquilados por profesionales autónomos para el ejercicio de su profesión. Y otros destinados a la prestación de servicios, al comercio o a la industria.

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