El 3 de noviembre de 1995 tres explosiones intencionales de la planta de Fabricaciones Militares de Río Tercero, ciudad del centro de la provincia de Córdoba, dañaron seriamente a la localidad. El estallido había sido producido para encubrir un faltante de material bélico que había sido enviado por contrabando a Ecuador y Croacia, según lo determinado tiempo después por la Justicia.

A 25 años del suceso, los tribunales federales de la provincia afectada juzgarán al expresidente Carlos Saúl Menem para determinar su responsabilidad en el desastre.

La ciudad de Río Tercero está ubicada en el centro de la provincia de Córdoba (Télam).

"Fue un hecho de una gran gravedad en el que hubo responsabilidades políticas que todavía debemos determinar. Hubo una estructura de poder que estuvo detrás de esas explosiones y eso es lo que determinó la justicia", señaló a Télam el abogado querellante Horacio Viqueira.

El letrado representa a María Eugenia y María Julia, las hijas del fallecido en las explosiones Hoder Dalmasso y Ana Gritti, la mujer que impulsó durante años la investigación casi en soledad, hasta su muerte en 2011.

Las tres explosiones desencadenaron la tragedia que dejó siete víctimas fatales (todos ellos ajenos a la fábrica militar), más de 300 vecinos heridos y daños millonarios en una parte importante de la ciudad que quedó destruida como consecuencia de este estrago doloso.

Los daños no sólo se produjeron en la fábrica sino en los barrios circundantes. (Télam)


Las dos primeras detonaciones se produjeron en la planta de descarga y la tercera, y más importante, tuvo lugar en el depósito expedición y suministros.

"El primer indicio de la intencionalidad tiene que ver con la hora en la cual comenzaron las primeras explosiones. Fue justo cuando el personal de la Fábrica suspendía sus tareas para tomar un desayuno. Ese momento, se aprovechó para desatar las explosiones", indicó Viqueira.

La investigación

En un principio, la justicia orientó la investigación hacia la hipótesis de un accidente ocasionado por un desperfecto en la manipulación de un montacarga. Según esta teoría, un tambor que contenía el químico explosivo trotyl se prendió fuego y el incendio se extendió a otros que contenían la misma sustancia.

La Justicia declaró que le explosión fue intencional. (Télam)

Sin embargo, años más tarde, pericias técnicas determinaron que el trotyl no puede estallar por acción de la llamas, ya que ese material sólo puede explotar con el accionar de un detonador.

A partir de esto, la investigación judicial tomó como base los testimonios de los empleados para establecer que, la noche anterior al estrago, hubo personas no identificadas que ingresaron en las instalaciones de Fabricaciones Militares con el objetivo de "acondicionar los elementos iniciadores del fuego, como asimismo disponer los detonadores y reforzadores necesarios para provocar horas más tarde las letales explosiones".

Otra prueba de la intencionalidad del desastre que estableció la Justicia fue la direccionalidad de las explosiones, cuyas ondas expansivas se dirigieron al sur y al este, donde se encontraban los empleados y el polo petroquímico de Río Tercero, que no fue alcanzado por los proyectiles que volaron por el cielo de la ciudad.

A las 17 de ese día y mientras se sucedían las explosiones, Menem se hizo presente en la localidad y, en una conferencia de prensa, afirmó que el hecho era producto de "un accidente", que había que descartar el atentado e incluso les remarcó a los periodistas presentes: "Ustedes tienen la obligación de difundir esa palabra".

La explosión pretendía encubrir un negocio de tráfico de armas. (Télam)

¿Qué se pretendió ocultar?

Entre 1991 y 1995, el entonces presidente Menem firmó decretos para vender armas a Panamá y Venezuela. Sin embargo, este cargamento terminó, por operaciones de triangulación, en Ecuador y Croacia.

La presencia de armamento de origen argentino en estos dos países era un grave problema diplomático y político para el gobierno, ya que este había desplegado un contingente militar que integraba una fuerza de paz en Croacia, en el contexto de la guerra que atravesaba la ex Yugoslavia.

Además, el país era garante de un acuerdo pacífico entre Perú y Ecuador, que a principios de 1995 se enfrentaron en un conflicto armado por una disputa de límites.

Las pericias determinaron que había un faltante de municiones en la fábrica. (Télam)

Los cañones, obuses y proyectiles se retiraban de las unidades militares para llevarlos a la planta de Río Tercero con el pretexto de que necesitaban reparación. Sin embargo, desde allí eran trasladados a distintos puertos para embarcarlos al destino requerido por los compradores.

En el verano de 1995, la cantidad de armas argentinas descubiertas en Croacia y Ecuador comenzaron a multiplicarse, y esos hechos se denunciaron ante la Justicia. En paralelo, los jefes de las unidades del Ejército que tenían material alojado en la ciudad cordobesa, supuestamente por arreglos, comenzaron a demandar la devolución de las municiones a las bases.

"Todo esto llevó a que se intentara ocultar la maniobra de contrabando y por esa razón tuvimos el estrago de Río Tercero", apuntó Viqueira.

En el juicio hubo condenas de entre 13 y 10 años de prisión por "estrago doloso seguido de muerte".

Una pericia contable incorporada a la causa determinó que, al momento del siniestro, faltaban entre 24 mil y 49 mil municiones de la fábrica, según el inventario.

Las condenas

Con todos estos elementos, el Tribunal Oral Federal Número 2 de Córdoba condenó por estrago doloso seguido de muerte a Edberto González de la Vega, coronel retirado y director de Coordinación Empresaria de Fabricaciones Militares, a 13 años de prisión; a Carlos Franke, coronel retirado y director de Producción de Fabricaciones Militares, a 13 años; a Jorge Antonio Cornejo Torino, coronel retirado y director de la Fábrica Militar de Río Tercero, a 13 años; y a Marcelo Gatto, mayor retirado y jefe de la División Producción Mecánica a 10 años.

Al principio de la investigación, Menem aseguró que la explosión había sido "un accidente". (Télam)

La sentencia fue confirmada por Casación y apelada por un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, que deberá decidir si la deja firme.

Beneficiado por distintas apelaciones, Menem, absuelto hace dos años en la causa, deberá enfrentar a partir del 24 de febrero de 2021, y con más de 90 años, un juicio oral y público por su responsabilidad en estos hechos, acusado de estrago doloso.

"Vamos a tratar de determinar en ese juicio la responsabilidad de las autoridades de Fabricaciones Militares y del poder político. Esa línea es la que vamos a trabajar en el debate", afirmó Viqueira.

En el juicio hubo condenas de entre 13 y 10 años de prisión por "estrago doloso seguido de muerte". (Télam)

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