El abogado y maratonista Daniel Sebastián Ujhelly viajó el 23 de marzo desde la ciudad de Curuzú Cuatiá hacia las Islas Malvinas para participar de la “Maratón Puerto Argentino”. Aprovechando su visita al histórico lugar, realizó algunas excursiones y, en una por Monte Longdon, encontró una munición de guerra.

En dicha zona de la Isla Soledad, se desarrolló una de las batallas más cruentas de la guerra de Malvinas por eso le pareció oportuno llevarse consigo ya que significaba un "pedazo de la historia". Sin embargo, no tardó en darse cuenta que "fue una bala muy cara".

Municiones de guerra semejantes a la que quiso Ujhelly quiso traer a la Argentina.

Es que cuando se disponía a volar de regreso al continente el 30 de marzo, en el aeropuerto de Mount Pleasant se detectó -mediante rayos X- que en la valija despachada por el abogado había una munición de 7 milímetros. Por eso fue retenido y puesto a disposición de las autoridades.

Su estadía entonces, se prolongó hasta el 7 de abril. En ese lapso debió enfrentar varias horas detenido y un breve juicio que se le siguió y que concluyó con el pago de una multa de 8.600 libras, es decir, poco màs de 50.000 pesos argentinos. "Me acusaron de tenencia de munición de guerra", explicó el abogado.

"El fiscal londinense se ensañó conmigo y me acusaba de intento de atentado terrorista más o menos"

Stuart Walker, fiscal del caso, explicó que el abogado argentino no había declarado la munición, pese a los carteles de advertencia sobre los elementos prohibidos en un vuelo. "El fiscal de las islas se portó bien y manifestó que yo no era alguien peligroso, que la munición no representaba realmente un peligro para la aviación y que estando en bodega no tendría acceso a ella", dijo Ujhelly.

El abogado, quien debió afrontar en las islas un breve juicio que incluyó una videoconferencia con Londres, agregó: "El fiscal londinense se ensañó conmigo y me acusaba de intento de atentado terrorista más o menos", explicó. Según el Penguin News, principal medio de las Islas, el magistrado de la Corte James Brooks señaló que mientras una falta similar en el Reino Unido podría significar una sentencia con privación de libertad hasta por cinco años, en las islas "no había tal recomendación, sino a lo sumo una sentencia máxima admisible de hasta tres meses".

No obstante, consideró que los jueces de faltas tendrían que tomar en cuenta "la temprana admisión de responsabilidad del acusado, su buena disposición a colaborar y su evidente falta de intención de utilizar la munición para el propósito para la cual fue creada".

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