El gobierno bonaerense presentó este martes  un proyecto de ley que penaliza el vandalismo en las escuelas públicas y privadas con sanciones que van desde la realización de trabajos comunitarios a fuertes multas y hasta 30 días de cárcel.

El director general de Cultura y Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny, explicó que en lo que va del año hubo 117 hechos de robo y vandalismo en establecimientos educativos bonaerenses, cuyas reparaciones costarán al Estado al menos $100 millones. "Este proyecto busca mostrar que la escuela es un lugar que la ley tiene que proteger, que cualquiera que atente contra el colegio tendrá un castigo. Queremos generar conciencia, proteger a la escuela como un lugar central de la comunidad y cuidar a los docentes", dijo Sánchez Zinny.

La iniciativa, que ingresó ayer por la Cámara de Senadores, pretende que se sancione con arresto de entre 5 y 30 días al que "coloque, introduzca o arroje sustancias insalubres o cosas capaces de producir lesiones dentro de un establecimiento educativo o en las inmediaciones del mismo".

Además, prevé multas de entre el 50 y el 100% del sueldo mensual del oficial subayudante del Agrupamiento Comando de la Policía Bonaerense, que es de 29.854 pesos. Las mismas sanciones se aplicarán a quien manche o ensucie bienes muebles o inmuebles destinados y/o afectados al servicio de educación, o cualquiera de las instalaciones de una escuela.

Cuando participe un menor de edad, el juez deberá determinar si su conducta fue consecuencia de falta o negligencia por parte de los padres o tutores, que en ese caso serán sancionados con arresto de uno a cinco días o multa de entre 30 y 60% del haber del oficial subayudante del Agrupamiento Comando de la Policía.

La propuesta contempla que el juez podrá reemplazar las sanciones de arresto o multa, por la imposición de dos a diez días de trabajos de utilidad pública, cuando el contraventor no registre condenas previas, y la gravedad y demás características del hecho lo justifiquen.

"Se considerará un día de trabajo de utilidad pública la prestación de tres horas de trabajo, que se deberán realizar en establecimientos públicos, como ser escuelas, hospitales, u otras instituciones estatales. Se deberán prestar en los lugares y horarios que determine el juez, fuera de la jornada de actividades laborales o educativas del contraventor", según el texto del proyecto.

La iniciativa establece que el juez podrá reemplazar las sanciones por un curso de enseñanza o capacitación para el contraventor; su participación en un programa individual o grupal dictado en organismos públicos o privados para modificar los comportamientos que hayan incidido en la comisión de la contravención.

En 2018, se registraron en la provincia 131 hechos de robo y ataques de vandalismo contra escuelas de distintos distritos, por lo que se debieron destinar 105 millones de pesos para arreglarlas, de acuerdo a fuentes de la cartera educativa. Ese gasto "equivale a la construcción de 66 aulas nuevas de jardín, siendo que cada aula de 40 metros cuadrados tiene un valor de 1,6 millones de pesos", señalaron.

Uno de los últimos ataques a colegios fue el incendio iniciado por adolescentes en la escuela República de Panamá (E.E.S.T. 7) de la localidad de Valentín Alsina, en Lanús, que provocó la destrucción de la biblioteca y tres aulas; y otro el sabotaje de un medidor de gas en la Escuela Especial 505 de San Martín con el objetivo de prender fuego el establecimiento.

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