El magistrado Otranto dispuso la reconstrucción para el miércoles (Diario Jornada).

El juez federal de Esquel, Guido Otranto, dispuso para este miércoles la realización de una reconstrucción del operativo de Gendarmería del primero de agosto en la comunidad mapuche Resistencia en Cushamen, cuando se produjo la desaparición de Santiago Maldonado, en tanto este jueves tomó testimoniales a cuatro gendarmes, que se sumaron a las declaraciones anteriores de otros siete uniformados, informaron fuentes de la investigación.

El abogado de Gendarmería, Gustavo Dalzone, que el miércoles se hará la reconstrucción del operativo, lo que consideró “un procedimiento judicial habitual en este tipo de procesos”.

En la reconstrucción los funcionarios judiciales pedirán a los mapuches que describan en el terreno el operativo de Gendarmería, el modo en el que -según denunciaron- habrían detenido a Maldonado y que expliquen cómo se desarrolló la primera inspección ordenada por la justicia días después, en la que perros de la policía de Chubut marcaron un recorrido y encontraron algunos efectos que pertenecerían al desaparecido, según informó un vocero del caso.

Por otra parte, declararon ante Otranto los gendarmes Marcos Anastasio González, Sergio Roberto Rigonatto, Jorge Luis Fortunato y Daniel Alberto Orrego, quienes el primero de agosto ingresaron a la comunidad mapuche y participaron del operativo, testimonios que se suman a los cuatro brindados ayer ante el juez y a los tres del martes.

Según Dalzone, ninguno de los efectivos que declaró  “estuvo cerca del río”, por lo que sus testimonios “no aportaron novedades significativas” y “forman parte de la normalidad del proceso”.

A su vez, la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, coincidió en considerar que los testimonios de los gendarmes “no hicieron aportes sustanciales” en la causa, y precisó que no hicieron referencia al piedrazo que -según trascendidos- el gendarme Neri Robledo asestó a uno de los manifestantes que huían cruzando el río Chubut de la incursión de Gendarmería en la comunidad. 

En tanto, la familia Maldonado pidió el apartamiento del juez Otranto, y de la fiscal Silvina Ávila de la causa por considerar que “no ha habido avances” en el marco de “una investigación seria”, que apunte a dar con el paradero del joven que fue visto por última vez durante un operativo de Gendarmería Nacional en la comunidad mapuche Resistencia Cushamen, en el noroeste de Chubut.

Así lo hizo al presentar esta mañana en el marco del expediente una recusación contra el magistrado, quien, junto a la fiscal Ávila, interviene tanto en la causa caratulada como “desaparición forzada” como en la correspondiente a los pedidos de hábeas corpus.

Heredia expresó críticas al comportamiento del juez Otranto y, en particular, a la fiscal Ávila por el “cuidado especial con el que protegen” a los gendarmes en las declaraciones testimoniales.

"Más que la fiscal parece abogada de Gendarmería”, afirmó en referencia a Ávila, y destacó que, en sus declaraciones ante la justicia, los gendarmes recaen en “graves contradicciones” en relación a “quién daba las órdenes, cuántos eran y dónde estaban” y que el juez Otranto “muestra un cuidado exagerado en una declaración testimonial”.

"Ninguno de los cuatro gendarmes que declararon dijo conocer que un manifestante haya sido herido por un piedrazo. También manifestaron contradicciones cuando se les preguntó si estaban cerca del río o no”, agregó la abogada de la querella.

Las expectativas de la jornada estaban centradas en los resultados de las pericias a decenas de celulares de los gendarmes del Escuadrón 36 de Esquel, 35 de El Bolsón y 37 de José de San Martín, además de computadoras de esos comandos de Gendarmería, directamente implicados en el operativo del primero de agosto.

Estos peritajes fueron entregados al Ministerio Fiscal Federal de Esquel por la policía federal en una veintena de carpetas y, hasta el mediodía, no habían podido ser examinados por el juez Otranto ni las partes.

Alrededor de las 13, Otranto dejó el juzgado en el marco de una fuerte protección policial, al igual que los gendarmes que declararon, en función de un pedido de Dalzone, quien denunció que uno de ellos sufrió ayer una agresión de “un ciudadano exaltado”.

El abogado de la fuerza agregó que el gendarme atacado -al que no identificó- recibió una patada y cuando el agresor intentó pegarle, fue separado por uniformados de la custodia, al tiempo que pidió a los medios de prensa que cubren las alternativas de la investigación que no “demoren” a los testigos al salir de tribunales para “evitar estos problemas”.

La comunidad Resistencia Cushamen se formó en 2015, luego de que una veintena de familias mapuches ocupara tierras en cercanías de la localidad chubutense de El Maitén que forman parte de la estancia Leleque, propiedad del grupo italiano Benetton.

Los mapuches sostienen que han “recuperado” tierras que le son propias, mientras que la empresa denunció la “usurpación” de parte de su propiedad.

Fuente: Télam