El fiscal de San Isidro que está imputado en una causa por haberse llevado 8.000 dólares de la escena de un crimen y procesado en otra por encubrimiento de una serie de narcocrímenes de ciudadanos colombianos, presentó su renuncia ante la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense, informaron hoy fuentes del organismo.

Se trata del suspendido fiscal general adjunto de San Isidro, Eduardo Marcelo Vaiani, quien presentó su renuncia el 4 de septiembre ante el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, y ahora es evaluada por la gobernadora María Eugenia Vidal, que deberá resolver si la acepta o la rechaza.

Hasta que fue suspendido en noviembre de 2015 por la causa del encubrimiento del doble crimen de Unicenter, cometido en 2008, y del homicidio de otro colombiano en San Fernando, ocurrido en 2009, Vaiani era el segundo jerárquico en la Fiscalía General de San Isidro, por debajo del también suspendido y ya renunciado ex fiscal general Julio Novo.

En caso de ser aceptada su renuncia, Vaiani perderá sus fueros, se suspenderá el Jury de Enjuiciamiento al que está siendo sometido, y deberá presentarse a la indagatoria a la que en su momento fue citado por el fiscal Edgardo Alejandro Ledesma, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 de Delitos Complejos de San Martín.

En ese expediente, Ledesma le imputa a Vaiani el delito de “violación de elementos probatorios” -con pena de un mes y cuatro años de prisión-, por haberse llevado los 8.000 dólares que había secuestrado en la escena del doble parricidio de Ricardo Klein (54) y su esposa Miryam Kowalzuck (52), cometido el 13 de septiembre 2015.

Si bien Vaiani devolvió los dólares ni bien se enteró de la imputación en su contra, los investigadores detectaron que no eran los mismos billetes secuestrados en el allanamiento original y que los entregó en un sobre blanco distinto al sellado y firmado por los testigos y responsables de aquel procedimiento.

"Hizo entrega de otro sobre con la suma de 8.000 dólares estadounidenses, integrados por 80 billetes de 100 cada uno, de los cuales al menos 60 de ellos eran distintos a los secuestrados, en tanto resultaban de la nueva edición de color azul y poseen la numeración consecutiva”, describe Ledesma en su pedido de indagatoria, al explicar que Vaiani llevó a su fiscalía dólares distintos a los que se ven en las fotos del allanamiento original.

Cuando publicó la citación a indagatoria, Vaiani se defendió de esta acusación diciendo que "los 8.000 dólares siempre estuvieron dentro de una esfera de custodia" y aclaró que "nunca fueron sustraídos ni utilizados para una finalidad diferente".

La denuncia que originó la causa de los dólares fue radicada por la fiscal Laura Zyseskind, quien en noviembre de 2015, cuando el ahora imputado Vaiani pidió licencia y fue suspendido de todas sus funciones, lo reemplazó al frente de la Fiscalía Especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas y Violencia de Género de San Isidro.

Los funcionarios y empleados de esa fiscalía fueron quienes le transmitieron a Zyseskind la preocupación que tenían porque entre los efectos secuestrados en la causa más importante que tramitaba la UFI, el doble parricidio del matrimonio Klein, faltaban los 8.000 dólares.

La indagatoria a Vaiani había sido fijada para el 15 de marzo de este año, pero dos días antes, su defensor, el abogado Diego Olmedo, presentó un escrito en el que pidió la suspensión de la audiencia y argumentó que antes de ser indagado su cliente debía ser sometido al proceso de juicio político, que ahora, si se acepta la renuncia, quedará suspendido.

Los 8.000 dólares que devolvió Vaiani fueron restituidos a la UFI de Violencia de Género de San Isidro como efecto de la causa del parricidio, pero la fiscal Zyseskind los depositó en una cuenta bancaria para dejarlos a disposición de los hijos mellizos que quedaron huérfanos de los Klein, ahora tienen 13 años y están al cuidado de una tía.

En la otra causa, a cargo de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, Vaiani, Novo y otros tres ex funcionarios de la Fiscalía General de San Isidro, tienen un procesamiento firmen por “encubrimiento agravado” y por “incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y entorpecimiento de la labor funcional”.

Según los investigadores, los cinco imputados tuvieron “el fin de brindar cobertura e impunidad a la red narcocriminal que contextualizó y motivó los homicidios” de los tres colombianos.

Fuente: Télam