L a resistencia de las 106 familias que viven en el edificio de Santa Cruz 140 -junto a las organizaciones sociales, políticas y barriales que realizaron una vigilia- frenó el desalojo que estaba previsto para este miércoles que, de hacerse efectivo, hubiera dejado en la calle a 350 personas, 131 de ellas niñas, niños y adolescentes.

Las familias, que habían anunciado que resistirían la medida, se encerraron el martes por la tarde en el edificio ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios -que es conocida como Casa Santa Cruz-, mientras vecinos y militantes de numerosas organizaciones realizaron durante la noche un acampe con olla popular y radio abierta.

Cerca de las 8 de la mañana, el oficial de Justicia Marcelo Conde se presentó en el lugar con la orden de desalojo pero, ante el escenario, comunicó al juez la imposibilidad de hacerlo efectivo. En el acta, el funcionario judicial remarca que "hay gran cantidad de personas en el frente resistiendo la medida" y que no se encontraba personal del programa Buenos Aires Presente (del gobierno porteño) por lo que, concluye, "no se cuenta con los medios" para hacer efectiva la medida sin causar "riesgos a la integridad física de los presentes".

"Lo que se realizó fue la devolución del mandamiento de desalojo, es el nombre técnico, y lo que implica es que se tiene que volver a elaborar el oficio y eso lleva un tiempo", expresó Rosa Herrera, abogada de las familias e integrante de la Liga por los Derechos Humanos. Y continuó: "Lo que vamos a pedir son 18 meses para que en el marco del expediente nacional y del amparo presentado en la ciudad podamos sentar nuevamente en una mesa a los habitantes y al IVC (Instituto de Vivienda de la Ciudad)".

En la década de 1990, cuando la empresa textil Selsa quebró, los edificios de los talleres fueron vendidos o rematados a excepción de la sede de Santa Cruz 140, que en 2002 comenzó a ser ocupado con fines de vivienda. En 2010, el edificio fue subastado y las familias que vivían allí intentaron obtener un crédito para comprarlo, pero no lo lograron; con sus habitantes adentro, fue comprado por $1.550.000 pesos por Leonardo Ratuschny, propietario de varios hoteles familiares, quien inmediatamente inició un proceso judicial de desalojo que quedó en el Juzgado Nacional Civil N°60, a cargo del juez Fernando Cesari.

En 2015 el juez habilitó otro expediente dando intervención al Gobierno de la Ciudad para generar un espacio de mediación con el objetivo de que las familias pudieran comprar el edificio con créditos blandos del IVC. "Por pedido del IVC las familias conformaron una cooperativa hace cuatro años, presentaron sus papeles y se encuentran completamente en regla. Otras cooperativas sin la urgencia de estos vecinos recibieron préstamos. Este miércoles dimos un paso muy importante, pero tenemos que ir a una solución definitiva", expresó por su parte el Defensor del Pueblo de la Ciudad, Alejandro Amor.

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