Los trabajadores de la línea B de subterráneos realizaron un cese de actividades, entre las 5.30 y las 7.30 de la mañana, en el marco de un plan de lucha que comenzó el lunes pasado en rechazo al acuerdo salarial firmado entre el Gobierno de la Ciudad y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y en reclamo por la "reapertura de paritarias".

El conflicto se originó la semana pasada cuando la UTA firmó un acuerdo para la actividad del subte y el Premetro, que dispone un aumento del 15,02% en tres cuotas, a aplicarse un 5,7% entre marzo y julio, otro 5,7% desde agosto a noviembre y un 3,8% entre diciembre de este año y marzo de 2018.

El convenio, que se aplica desde febrero, incluyó la cláusula de revisión para septiembre próximo y el pago de otro 3,5% en mayo por la cláusula gatillo de 2017.

Los metrodelegados rechazaron el acuerdo y el secretario de prensa de la Asociación gremial de trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) Enrique Rositto, dijo que no puede asegurar "si la de hoy fue fue la última medida de fuerza", porque se decidirá en asamblea.

Metrovías, por su parte, lamentó "que la decisión de los representantes gremiales sea, una vez más, afectar a unos 15 mil usuarios que utilizan la Línea B en esa franja horaria para llegar a sus lugares de trabajo y/ o trasladarse por la ciudad".

Agregó la empresa en un comunicado que a principios de esta semana, "hemos realizado la denuncia correspondiente ante las autoridades laborales, a través de la cual solicitamos su inmediata intervención para que se declare la ilegalidad de dicha medida y se califique al subterráneo como un servicio de carácter esencial".

En tal sentido, Rossito puntualizó que "la protesta continuará hasta que haya una respuesta del Gobierno y de Metrovías, queremos abrir las paritarias”, insistió, mientras desde la empresa calificaron de “ilegal” los cese de actividades, en función de que la Corte Suprema de Justicia el mes pasado dejó firme el fallo que declaraba la nulidad de la personería gremial a los metrodelegados, que había sido otorgada en noviembre de 2015.

En declaraciones radiales, Claudio Dellecarbonara (delegado de la línea B), sostuvo que "no hay ningún cierre de paritarias" al oponerse al acuerdo firmado con la UTA, y apuntó que debe reabrirse una nueva instancia de diálogo porque su gremio "tiene personería jurídica, por lo que podríamos discutir tranquilamente como lo venimos haciendo todos los años".

"Además tendríamos que preguntarnos por qué el gobierno intenta imponer un tope salarial totalmente imposible", agregó.

Por el mismo reclamo, los trabajadores de la línea B liberaron los molinetes el miercoles, entre las 7 y las 9 en la estación Juan Manuel de Rosas, en el barrio porteño de Villa Urquiza. Además, el lunes las protestas comenzaron con la liberación de 7 a 9 de los molinetes en la Estación San Pedrito de la línea A y el martes los trabajadores también paralizaron, entre las 5.30 y las 7.30, los servicios de esa línea, que une las terminales de San Pedrito y Plaza de Mayo.

Arrancan los aumentos

Hoy será un día clave para determinar si se concreta el anunciado aumento del transporte por excelencia de los porteños, que llevaría el boleto desde los $7,50 actuales a $11 desde que la Justicia habilite el nuevo cuadro, y a $12,50 a partir de junio.

El debate sobre los costos operativos del servicio será a las 12 en el Centro Cultural Adán Buenos Aires, en el Parque Chacabuco. De cualquier forma, la audiencia no es vinculante: tras el debate podrá aplicarse la suba sin problemas. En un principio la charla se había convocado para el 6 de marzo, pero se suspendió tras un amparo de los legisladores Myriam Bregman y Patricio Del Corro (Frente de Izquierda), al que hizo lugar el juez Guillermo Scheibler, subrogante del juzgado Nº 24 en lo Contencioso Administrativo y Tributario.

Entre los argumentos del fallo figura que "la difusión de la convocatoria a audiencia pública fue realizada de un modo parcial e incompleto, omitiendo la fecha, lugar y horarios para consultar relevante información necesaria para que los interesados puedan ejercer su derecho a una participación plena y en igualdad de condiciones".