Era el día esperado, pero nada ocurrió. Las dilaciones dominan una escena catalana cada vez más tensa, que estira los plazos impuestos por el gobierno central, con el deseo de impulsar un diálogo que volvió a ser rechazado. Una carta es lo que le envió el líder catalán Carles Puigdemont al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en respuesta al pedido que le había hecho para confirmar si la secesión ya era una realidad.

Lejos de aclarar ese punto, ofreció abrir un plazo de negociación de dos meses en busca de una “solución acordada” al conflicto. “La suspensión del mandato político surgido en las urnas el 1 de octubre demuestra nuestra firme voluntad de encontrar la solución y no el enfrentamiento”, aseguró. “Nuestra propuesta de diálogo es sincera y honesta”, siguió el texto en el que también instó a Rajoy a revertir “la represión contra el pueblo y el gobierno de Cataluña y concretar una reunión “lo antes posible”.

“La situación que vivimos es de tal trascendencia que exige respuestas y soluciones políticas que estén a la altura”, agregó. La nota enviada a Madrid fue la contestación a la intimación realizada el miércoles pasado por Rajoy, en la que otorgó un plazo de cinco días para obtener una confirmación sobre si Puigdemont había declarado la independencia catalana o no.

Respuesta

Tras recibir la carta, el presidente del gobierno envió otro escrito en el que lamentó “profundamente” que el líder secesionista haya decidido “no contestar” a la notificación, por lo que extendió el plazo hasta este jueves. En caso de no recibir la respuesta esperada, le advirtió que será el “único responsable” de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que habilita al gobierno central a tomar las medidas pertinentes para “restaurar la legalidad en la autonomía”.

Además de las presiones que llegan desde Madrid, Cataluña atraviesa un período de incertidumbre económica, ya que 150 empresas abandonan la región de manera diaria, lo que acrecienta el clima de tensión política y social.

Zafó de la cárcel

El jefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, fue dejado en libertad aunque le prohibieron salir del país. La Fiscalía había pedido su detención sin fianza, por el delito de sedición, al no haber ordenado que se impida el referendo del 1 de octubre. Por su parte, los independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart fueron encarcelados, sin fianza, también acusado de sedición.

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