La búsqueda de los cuerpos del equipo de prensa del diario ecuatoriano El Comercio continúa, por el momento, sin resultados positivos. Y así parece que va a seguir, ya que el grupo disidente de las FARC que los secuestró y asesinó anunció que no va a entregarlos. En tanto, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, admitió que, según fuentes de inteligencia, el triple crimen fue cometido en su país.

A través de un comunicado, integrantes del Frente Oliver Sinisterra anunciaron que decidieron suspender la entrega de los cadáveres del periodista Javier Ortega, de 36 años; el fotógrafo Paúl Rivas, de 45, y el chofer Efraín Segarra, de 60. Lo hicieron luego de que un equipo forense colombiano se dirigiera al municipio de Tumaco, en el sudoeste del país, junto a integrantes del Comité Internacional de la Cruz Roja.

Por otra parte, el presidente Santos reveló que información de inteligencia confirma que “los cuerpos están del lado colombiano”, por lo que entiende que “fueron asesinados en Colombia”, tal como había asegurado desde un primer momento el jefe de Estado ecuatoriano, Lenín Moreno.

De esta manera, cambió su postura respecto de lo que había declarado el viernes, cuando había afirmado que los crímenes “se produjeron en Ecuador”. El mandatario también se refirió a Walter Artízala Vernaza, conocido como “Guacho”, líder del grupo disidente de las FARC.

Va a caer, tarde o temprano, pero va a caer. Está en una lista que tenemos de objetivos de alto valor. Ningún criminal que ha llegado a esa lista está vivo o fuera de la cárcel”, advirtió.

Detenidos

El gobierno ecuatoriano anunció que 43 personas vinculadas al grupo que mató a Rivas, Ortega y Segarra ya fueron apresadas. “Ya son 43 miembros de esta organización que están detenidos en sus diferentes actividades, quienes facilitaban el apoyo logístico”, explicó el comandante de la policía, Ramiro Mantilla.

Los operativos en los que se realizaron las detenciones, siguió el funcionario, "afectaron gravemente la estructura que tenía Guacho” dentro del país y “principalmente en la frontera norte”. Pese al golpe dado a la organización criminal, el líder es la persona más buscada, por lo que el gobierno ecuatoriano ofreció una recompensa de 100.000 dólares para quien aporte datos que permitan su detención, que se suman a los 148.000 dólares ofrecidos por Colombia.