Al menos 246 trabajadores de la salud en Nicaragua estaban contagiados, de los cuales 11 fallecieron por Covid-19, según el Observatorio Ciudadano. Los reclamos en hospitales y centros de salud recayeron sobre el Gobierno de ese país, al que denunciaron por prohibir el uso de mascarillas en médicos y personal sanitario para no alarmar a la población.

Esta no fue la única medida criticada por la oposición, ya que la administración de Daniel Ortega tampoco cerró las fronteras, no estableció la cuarentena ni suspendió las clases a raíz de la pandemia. Por el contrario, motivaron actividades de concentración masiva, como marchas, ferias y eventos recreativos.

Un informe de Amnistía Internacional criticó este accionar: “En Nicaragua, el gobierno ha seguido una política de poner deliberadamente en peligro a su población en el contexto de la pandemia de COVID-19 al fomentar reuniones sociales, provocar la preocupación específica y pública de la Organización Panamericana de la Salud y restar importancia a la pandemia”.

Ese documento también apuntó a la exposición a la que sometieron al personal de salud en Nicaragua y expresa que “este país podría estar incumpliendo sus obligaciones internacionales contraídas en virtud de tratados, al permitir múltiples represalias, despidos y acoso a médicos/as y enfermeros/as que han exigido el uso de EPP (Equipo de Protección Personal) en centros de atención a la salud y han hecho pública su preocupación”.

Según el Observatorio Ciudadano, una red de especialistas y voluntarios que lleva un conteo paralelo al Gobierno sobre los estragos de la pandemia en Nicaragua, registraba 246 trabajadores de la salud presuntamente afectados por coronavirus, de los cuales 11 fallecieron por esta misma causa.

Las muertes del personal de salud corresponden, según el organismo, a tres personas de enfermería, dos administrativos, dos médicos, una visitadora médica, un laboratorista y dos categorizados como “otros”.

Uno de los motivos sería que la adopción de medidas como la utilización de mascarillas y la cuarentena se volvieron un asunto político. 

Desde el oficialismo se estimuló que esas acciones, entre otras precauciones, provocaban alarma innecesaria y eran utilizados por los opositores para desestabilizar a Ortega. Incluso, en hospitales y centros de salud, se prohibió el uso de mascarillas, según denuncias de trabajadores que divulgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Hasta el momento, el Gobierno de Nicaragua reconoció 279 contagios y 17 muertes, pero Observatorio Ciudadano sostiene que hay al menos 2.323 casos y 465 fallecimientos.

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