El gobierno británico rechazó ayer la decisión de la Argentina de impulsar un pedido de arbitraje internacional para frenar la explotación petrolera del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas y convocó a la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza.

Esto fue acompañado por una nota en la que la ministra para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, le expresó a Plaza su desagrado por la iniciación del pedido de arbitraje de la Argentina ante la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).

En la misiva, el gobierno británico advirtió que la iniciativa de la administración de Javier Milei "plantea interrogantes" sobre la confiabilidad del país como socio del Reino Unido.

"Las Falklands (Malvinas) son británicas. Siempre defenderemos el derecho de autodeterminación de los isleños", escribió Kumaran en su cuenta de X antes de difundir una declaración formal del gobierno británico.

El comunicado es la respuesta más directa de Londres desde que la Argentina anunció el nuevo paso jurídico. La posición británica mantiene el respaldo al desarrollo petrolero alrededor de las islas y rechaza los argumentos de Buenos Aires sobre la explotación de recursos en un territorio cuya soberanía está en disputa.

"La decisión de Argentina de iniciar un arbitraje contra el Reino Unido en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar es el último intento de socavar los derechos y los medios de vida del pueblo de las Falklands (Malvinas)", sostuvo Kumaran.

La funcionaria afirmó que los isleños "han elegido libre y democráticamente su futuro" y aseguró que tienen "todo el derecho a desarrollar y gestionar sus recursos naturales sin intimidación, coacción o interferencia de terceras partes".

El gobierno británico sostuvo, además, que las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental de las islas están reguladas por su legislación local y se realizan "en pleno cumplimiento del derecho internacional, incluida la Unclos", la sigla en inglés de la Convemar.

La Argentina considera que la explotación unilateral de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte afecta sus derechos soberanos, en el marco de una disputa reconocida por las Naciones Unidas.

Cabe mencionar que la Cancillería argentina envió hasta el momento alrededor de 200 notas de advertencia a empresas e inversores de 30 países, e inició unos 60 procedimientos administrativos y presentó en tribunales argentinos al menos tres denuncias penales contra diez compañías petroleras -de capitales británicos, israelíes y canadienses- y sus directivos.