El Congreso de los Diputados de España votó en contra de los dos decretos de vivienda impulsados por el gobierno de coalición que encabeza el presidente Pedro Sánchez. 

Los proyectos no lograron alcanzar la mayoría necesaria tras el rechazo conjunto del Partido Popular, la formación Vox y el partido independentista catalán Junts per Catalunya, lo que provocó una profunda crisis política en la Cámara y abrió la puerta a un eventual adelanto de las elecciones generales.

La votación parlamentaria registró un resultado de 172 votos a favor frente a 178 en contra para la primera iniciativa, mientras que el segundo texto cosechó 166 apoyos y 184 rechazos. 

La falta de consenso se consumó luego de que la fuerza liderada por Carles Puigdemont exigiera formalmente al Poder Ejecutivo la retirada del proyecto oficial para elaborar una nueva propuesta legislativa.

Las medidas que contenían las normas rechazadas

El primero de los decretos vetados buscaba establecer topes al incremento en el precio de los arriendos, extender la prohibición de los desahucios hasta el año 2030 y regular los contratos de alquiler de temporada. 

Asimismo, la normativa prohibía las operaciones especulativas por parte de fondos de inversión, disponía la prórroga de convenios vigentes e incluía incentivos fiscales para los propietarios que redujeran los cánones mensuales.

Por su parte, el segundo proyecto contenía un único artículo centrado exclusivamente en la renovación automática e indefinida de los contratos de arrendamiento urbano. 

El paquete gubernamental había sido redactado a raíz de las masivas movilizaciones ciudadanas iniciadas tras el desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que debió ser hospitalizada tras ser expulsada del inmueble en el que habitaba desde hacía siete décadas.

Tensiones en el recinto y movilización del Sindicato de Inquilinas

Mientras se desarrollaba el debate en el hemiciclo, una multitud convocada por el Sindicato de Inquilinas se trasladó desde el acampe montado en la Puerta del Sol de Madrid hasta las inmediaciones del palacio legislativo para exigir la convalidación de las leyes. 

Al confirmarse el resultado negativo en la votación, varios de los manifestantes presentes en las tribunas del público manifestaron su indignación a los gritos.

La caída del paquete legislativo representa un duro revés para la alianza conformada entre el PSOE y la coalición Sumar. El bloqueo parlamentario debilita la gobernabilidad de la administración central y deja en suspenso la regulación del mercado inmobiliario en todo el territorio español.