La Fiscalía General del Estado de Bolivia ordenó en las últimas horasla detención del ex presidente Evo Morales, a quien investiga por supuestamente liderar las recientes protestas contra el gobierno nacional que paralizaron el país por más de cincuenta días.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó públicamente la medida judicial contra el exmandatario en el marco de una pesquisa iniciada por los cortes de carreteras a nivel nacional. 

La causa penal se originó a partir de una denuncia formulada a inicios de julio por el Comité Cívico Pro Santa Cruz por los presuntos delitos de terrorismo y alzamiento armado.

El conflicto social y la postura de Morales

Frente a la notificación de la causa, el expresidente Evo Morales, de 66 años, rechazó las acusaciones y denunció una persecución en su contra a través de sus canales oficiales: "No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo, como lo hemos hecho siempre".

"Buscan responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social".

Entre mayo y junio, la nación atravesó una ola de movilizaciones callejeras encabezadas por campesinos y obreros para exigir la renuncia del presidente centroderechista, Rodrigo Paz, ante la crisis económica. 

El conflicto generó un agudo desabastecimiento de medicinas, combustible y alimentos, siendo las ciudades de La Paz y El Alto las más perjudicadas por los bloqueos.

Respuesta del Gobierno y el fin de los bloqueos

El presidente Rodrigo Paz, quien asumió la jefatura de Estado en noviembre poniendo fin a dos décadas de administraciones socialistas encabezadas por Morales y Luis Arce, denunció un intento de alterar el orden democrático por parte de grupos narcoterroristas.

Durante el pico de la crisis social, la administración de Bolivia recibió el respaldo explícito de Estados Unidos y de los países integrantes del Escudo de las Américas -como Argentina, Chile y El Salvador-, quienes rechazaron los intentos de desestabilización. 

Las protestas finalizaron a mediados de junio tras un acuerdo con la Central Obrera Boliviana y la aplicación de un estado de excepción con la intervención de las Fuerzas Armadas.