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El giro político y económico que ensayó el gobierno para frenar la inflación en diciembre pasado, cuando decidió "intervenir" la política del Banco Central y quitarles el protagonismo de la carrera contra los precios a las tasas de interés, parece apuntar en el amanecer del año hacia una receta ya probada por el gobierno de Cambiemos, con resultados negativos.

Se desprende de las declaraciones de varios funcionarios que la centralidad del combate a la inflación, quizá la principal bandera económica, ya no se considera un problema monetario, sino salarial. Ahora el enemigo ya no es el "excedente de liquidez", sino las exageradas peticiones de los trabajadores.

Por eso consideran vital remover la cláusula gatillo y cerrar paritarias a la baja. La nueva meta oficial, del 15%, es desmentida por todas las entidades privadas, que la estiman entre 4 y 5 puntos por encima de eso. Centrar la lucha de los precios en los salarios implica no haber realizado aprendizaje alguno sobre 2016, el primer año de gobierno de Mauricio Macri.

En esos doce meses, los salarios perdieron la carrera. Sin embargo, el Indice de Precios al Consumidor cerró con un récord del 45%. No lo empujaron los sueldos, sino los incrementos de servicios públicos, medicina prepaga, celulares y combustibles, sumados a la devaluación de diciembre de 2015. Un escenario demasiado similar al que se experimenta en este inicio de 2018.

Pese a lo esbozado en sus discursos, los funcionarios parecen decididos a limitar al máximo los ingresos de los trabajadores, mientras empresarios de sectores decisivos como los combustibles, cuyo incremento impacta en toda la cadena de precios, son liberados para manejar los precios a gusto. Claramente, el gobierno ya eligió aliados y rivales.