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Al final de su mandato, Néstor Kirchner propuso una nueva ley de coparticipación y una reforma impositiva. Legado que su esposa ignoró rotundamente. Ahora, el gobierno de Cambiemos recoge el guante. Desde  Carlos Menem, ejecutor del desguace del Estado, evolucionamos hasta  Mauricio Macri, que plantea sanear las cuentas del Estado para que funcione bien. Necesita compensar el alivio impositivo para unos, con mayores o nuevos gravámenes para otros.

Entre los castigados, sobresalen las gaseosas azucaradas, porque contribuyen a la obesidad. El gobierno esgrime la salud pública como ariete justificador del 100 por ciento de ajuste en el impuesto a esas bebidas, que según la reforma sancionada por el Senado se aplicaría en 3 años.

En principio, no le falta razón, pero entonces habría que subir también los impuestos al chocolate, las golosinas y los postres. ¿Y qué decir de la carne vacuna, cuyo consumo regular (aquí, de 58 kilos anuales por habitante) provoca colesterol, cardiopatías y trastornos digestivos? ¿Y de la comida chatarra, denunciada por la Unión Internacional de Consumidores como una amenaza a la nutrición infantil?

Otro ejemplo: la red de Subterráneos de Buenos Aires, como lo reconoció María Eugenia Vidal siendo vicejefa del gobierno porteño, está mal ventilada. Es un medio de transporte insalubre. ¿Quién va a pagar el impuestazo correspondiente? ¿Sbase o Metrovías? Del 83 para acá, todos los gobiernos hicieron demagogia con los derechos de consumidores y usuarios. Suelen ser buena coartada para apretar a los peces gordos en momentos difíciles.

Pero apelar a la salud pública para justificar un impuestazo que sólo contribuye a encarecer el costo de vida de los consumidores de gaseosas dulces, que no dejarán de consumirlas, es propio de un gobierno que pretende tratar las adicciones como variable de la política tributaria.

Con sólo salir a la calle, se aprecia que estamos lejos de ser un país civilizado. Si el orden y la seguridad vial dependen, como aquí, del Estado recaudador, que "controla" con fotomultas, no habrá solución. Cuantas más infracciones, más recaudación. La educación vial y la prevención policial, ¿dónde están?

Mientras la doctrina de gestión siga siendo que cierren las cuentas a cualquier costo, la república que los amarillos prometen será una bengala más en el cielo de nuestra frustración nacional.