La reforma previsional, que el oficialismo espera impulsar al menos en comisiones de Diputados esta semana, y que tiene media sanción del Senado, es un desprendimiento del acuerdo de los gobernadores con el Presidente respecto del reparto de fondos para las provincias, tras el pacto firmado para evitar una resolución judicial que se anticipaba favorable para Buenos Aires por el Fondo del Conurbano.

Así, se acordó que ningún distrito tendría menos recursos, y que el único perdedor sería la Anses, que maneja el dinero de los jubilados. Ergo, los gobernadores acompañarían la reforma previsional. El proyecto, no hace falta decirlo, es perjudicial para el bolsillo de los jubilados.

Pese a eso, cosechó la media sanción del Senado, donde hasta los senadores que votaron a favor se escudaron en el acuerdo firmado con la Nación para acompañar una medida que, aclararon, no comparten. Entre los más indignados apareció Miguel Pichetto, quien días después rompería el bloque peronista para alejarse más de Cristina Kirchner. "Tenemos la ingrata tarea de votar este proyecto", dijo el senador, marcando su incomodidad, que no le impidió alzar la mano y dar el sí.

En Diputados, la demora para avanzar se da en una mezcla de malestares políticos y la posibilidad, abierta por lo malo del texto, para que negociadores otrora dóciles puedan mostrar sus dientes. Todos los que sienten que tragaron algún sapo por el poder del gobierno, de votos y de gestión, vieron la oportunidad para mostrarse combativos.

Así, la CGT, que convalidó la aún no tratada reforma laboral, señaló en duros términos la pérdida de poder adquisitivo que sufrirían los trabajadores pasivos. Elisa Carrió, que enciende o apaga su denunciómetro según quién sea el acusado de corrupción, respondió al pacto de  Daniel Angelici Coti Nosiglia por la UCR porteña organizando un acto de su partido, la Coalición Cívica, para asegurar que no acompañará la reforma si no se modifica (otra vez) la fórmula para calcular los aumentos.

Hasta el diputado salteño Pablo Kosiner, que oficializó esta semana un bloque que responde al mandato de los gobernadores, se mostró molesto. "Si no estuviera en el marco de un acuerdo fiscal con los gobernadores, no se estaría discutiendo", dijo al portal LetraP. Idéntica postura tomó uno de los dirigentes de ese flamante espacio, el ex titular de la Anses Diego Bossio, que adelantó que no votará a favor, pese al pedido de los gobernadores.

Incluso la propia Procuración del Tesoro, que depende del Ejecutivo, recomendó modificar el cálculo. Convalidado con los votos, el gobierno negoció menos y decidió avanzar con sus reformas. Sus aliados, a los que sigue necesitando, quedaron en una posición demasiado incómoda. O acompañar y pagar el costo político, o rechazarlo y abrir una grieta en una relación inmejorable. Por ahora, prima lo segundo.