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A fines de octubre pasado, en plena euforia de Cambiemos, tras la victoria en las elecciones legislativas en las que alcanzó el 40,7% de los votos a nivel nacional, desde este espacio se advirtió que no era aconsejable caer en un triunfalismo que hiciera perder de vista el real alcance de ese logro.

El argumento era muy simple: así como cuatro de cada diez argentinos habían votado por el oficialismo, seis se habían inclinado por otras propuestas cuyos referentes en general se oponen o cuestionan seriamente los lineamientos más importantes de la gestión de Mauricio Macri, en especial la política económica.

Y en el plano estrictamente legislativo, el crecimiento de los bloques oficialistas en Diputados y en el Senado no alcanzaba ni siquiera para dejarlo cerca del quórum propio. Por lo tanto, debía seguir buscando entendimientos con los bloques más dialoguistas para avanzar con las reformas que se proponía.

Un ejemplo muy claro de ello se dio en diciembre, cuando el proyecto para modificar la fórmula de cálculo del haber previsional generó revuelo dentro y fuera del Congreso, con graves incidentes en las calles. La aprobación se obtuvo luego de tensas reuniones en las que algunos gobernadores debieron "convencer" a legisladores de sus provincias para votar a favor de la ley.

Ese cambio de clima político fue limitando el campo de acción del gobierno, algo que se agravó luego de las fuertes turbulencias cambiarias que llevaron el dólar a los 25 pesos y monedas actuales. En paralelo, la oposición se fue unificando en torno a un proyecto para retrotraer las tarifas de servicios de gas, agua potable y electricidad a noviembre pasado y moderar fuertemente el ritmo de los aumentos.

Ya ganó la votación en Diputados y está en condiciones de hacerlo hoy en el Senado, lo que forzará al gobierno a vetar la ley, con lo que pagará el costo político de invalidar una norma que favorecía los bolsillos de la mayoría de la población. Así son las cosas en la política argentina.