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Con la aplicación de las medidas para contener los precios de productos esenciales para el consumo de las familias, además de los créditos y descuentos de la Anses, el freno a los aumentos de tarifas de servicios públicos, entre otras, el gobierno nacional echó por la borda su conocida postura ideológica en favor del libre mercado, sin intervenciones ni regulaciones del Estado que lo condicionen.

No transcurrieron aún dos semanas de la exposición ante los diputados nacionales del jefe de gabinete, Marcos Peña, durante la cual ratificó que en el gobierno "no creemos en los controles de precios". Sin embargo, aunque con el recurso semántico de presentarlo como "un acuerdo entre caballeros", el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, debió confirmar públicamente que, al menos desde ahora y hasta las elecciones de octubre, la libertad para fijar los precios quedará parcialmente sacrificada.

La impresión que dejó esta decisión del gobierno fue bien resumida por un asesor de inversores que dijo que en la conferencia de los anuncios "sólo faltaba Axel Kicillof". Y lo paradójico de esta situación es que el gobierno se autoacorraló en cuanto a su discurso. Es que si, a partir de estas decisiones, la inflación comenzara a bajar -no en gran medida, pero sí de manera consistente-, se lograría cierta calma social y mejorarían las chances electorales para Cambiemos, pero a la vez debería convencerse a la gente de que más adelante la política económica deberá volver a lo de antes.

Ya el propio economista cercano al gobierno Carlos Melconian anticipó algo al respecto al definir al paquete de medidas como "algo más bien pintoresco que no hace a las cuestiones de fondo". Van casi tres años y medio de gobierno y la filosofía de alentar inversiones a través de la liberación general de precios no frenó la inflación ni generó crecimiento de la economía. Si se le suma el aumento de la pobreza, el cuadro de fracaso es total.