En su discurso del último sábado en la ex ESMA, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner comentó un encuentro que tuvo allá por 2018 con un empresario de la alimentación, en momentos en que la crisis económica del Gobierno de Cambiemos hacía que varias de las grandes empresas argentinas registraran balances negativos por primera vez en muchos años.

La entonces senadora nacional le preguntó al empresario el por qué de la contrariedad de ese sector hacia las gestiones de gobierno de 2003 a 2015 dado que en todos esos años los balances fueron positivos y algunos hasta en niveles récord. El hombre prefirió no responder a esa consulta.

Cristina expuso así el prejuicio de gran parte del empresariado no sólo hacia las gestiones kirchneristas sino al peronismo en general. Para poner en palabras lo que la vicepresidenta dio a entender, puede compararse entre dos planteos hechos a un empresario, sea de una multinacional como de una compañía mediana o pequeña.

El planteo A es que todo empresario, más allá de su lógica aspiración de lucrar y crecer con la producción de bienes y/o servicios, debe pagarles a sus trabajadores sueldos que les generen al menos un pasar digno, además de asegurar ciertas condiciones de trabajo y derechos como el de una indemnización para el caso de los despidos sin causal. Además, debe pagar impuestos para aportar a políticas públicas. Es un poco el mensaje histórico del peronismo.

El planteo B es que, para alentar al empresario en su tarea, hay que bajar los impuestos y generar condiciones flexibles de contratación y desvinculación de empleados, como por ejemplo formas de indemnización que se financien con aportes mensuales tomados de los sueldos. Es más que obvio cuál de estos dos planteos le resulta más confortable a un empleador.