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@javiercarrodani

Este miércoles al mediodía, centenares de fotógrafos y periodistas se reunieron frente al Congreso Nacional para reclamar su derecho a trabajar en la cobertura de protestas sociales sin que eso implique convertirse "en blanco de las fuerzas de seguridad". Ese planteo público se debió a que en las recientes manifestaciones que se registraron en contra de la reforma previsional hubo varios reporteros gráficos, cronistas y camarógrafos heridos por perdigones de goma disparados por gendarmes y policías.

Está claro que la cobertura periodística de marchas como las ocurridas el 14 y el 18 de diciembre últimos, en las inmediaciones de la sede parlamentaria, encarna riesgos ya de por sí. De hecho hubo móviles de canales de TV y periodistas que sufrieron agresiones por parte de manifestantes.

Golpes y roturas de equipos de trabajo se contabilizaron en episodios repudiables que perfectamente encuadran en conductas delictivas. Pero esos son peligros que los hombres y mujeres de prensa corren en un plano de igualdad con el resto de los ciudadanos que participan de una marcha o bien tienen la mala fortuna de pasar justo por el lugar conflictivo en el momento más álgido.

De lo que se trató el reclamo de este miércoles es de la responsabilidad de las fuerzas de "seguridad", que como el término indica, deben velar por el orden y la integridad física de las personas, entre ellos los periodistas y fotógrafos. No es lógico que -del accionar que realizan efectivos en nombre de contener o repeler a grupos violentos- resulten heridos quienes están realizando ni más ni menos que su trabajo de registrar los acontecimientos que suceden.

Una mención final de repudio para todo aquél -sin hacer distingo en este caso entre manifestante o miembro de una fuerza del Estado- que intenta tapar una cámara de fotos o de televisión o sacarle un micrófono a un cronista. Es una de las tantas formas de censura que no deben tolerarse.