El hiperpresidencialismo no se detiene. 

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Una de las perdurables lacras que nos legaron los 90 es el hiperpresidencialismo. En la segunda mitad de esa década, el califa de Anillaco que hoy es candidato a senador ordenó que el Congreso aprobara la segunda ley de reforma del Estado, otorgándole facultades anticonstitucionales, como dictaminar en materia tributaria y derogar leyes por decreto.

La Constitución, reformada en el 94, fue pisoteada con el concurso de una clase política seducida por el liderazgo carismático de alguien que alardeaba de estar destinado a cambiar la historia. En parte logró su objetivo, rematando el patrimonio estatal y eliminando dos millones de empleos. Aquel liderazgo, por cierto, cambió la Argentina.

Un cambio, hasta hoy, irreversible. Pero el hiperpresidencialismo viene de más lejos. Virreyes, directores supremos, caudillos, restauradores y dictadores militares nos inocularon el virus de la sumisión al jefe/a de Estado. Nuestro Estado de Derecho quedó muy torcido. En su discurso de asunción, el actual Presidente prometió respetar “la división de poderes”.

Pero tres meses después vetó la Ley de Emergencia Ocupacional, amparado en que la Constitución le reconoce esa facultad. Cierto: los constituyentes del 94 no se atrevieron a remover ese lastre histórico, por el cual el Ejecutivo puede pisar cuantas veces quiera la labor del Legislativo. Si tras la votación de octubre, el Presidente optase por eludir el obstáculo de seguir siendo minoría parlamentaria obligada a negociar leyes con la oposición, la Constitución habilitaría esa audacia.

Con algo más del 30 por ciento de los votos, Mauricio Macri podría esgrimir el veto y los temibles DNU para acelerar “el cambio”. Un peronismo fragmentado podría alentar la tentación de ese unicato seudo-democrático, votado por una parte de la sociedad aferrada al providencialismo de los globos amarillos.

Tal vez, los properonistas y la oposición democrática lo convenzan de que, con un tercio del electorado, lo mejor sería convocar a un pacto de gobernabilidad capaz de frenar la conflictividad social en auge, consensuar políticas de mediano plazo a favor de la producción y el trabajo, la competencia empresarial y la transparencia de la función pública. Un compromiso con partidos, sindicatos y organizaciones civiles, centrado en remover las viejas lacras, como el hiperpresidencialismo.

Un paso necesario para ir después hacia el futuro dorado que, del 83 para acá, encandiló a todos los que empuñaron el timón del Estado. Ése, sí, sería un gran cambio.