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@flopa01 

El calvario que viven millones de argentinos cuando emprenden la búsqueda de una vivienda para alquilar se debe, en gran parte, al accionar extorsivo de las inmobiliarias de todo el país, pero también a la falta de protección de la autoridades. Sin acceso al crédito hipotecario por décadas y en plena implosión de los préstamos UVA, atados a inflación, pagar una renta mensual para poner un techo sobre la cabeza sigue siendo la única opción para muchos.

La Cámara de Diputados tiene en sus manos la llave que podría equilibrar la balanza. La presión de las organizaciones, como la Asociación de Inquilinos Agrupados, viene logrando algunas victorias. En agosto se cumplirá un año de la ley que aprobó la Legislatura porteña en la que se establece el valor máximo de la comisión que puede cobrar un agente inmobiliario por su gestión (4,15% sobre el valor del alquiler) e indica que ese pago corresponde a los propietarios.

Hasta entonces, los inquilinos se hacían cargo de esa comisión, algo por demás injusto teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos el que busca se autogestiona y el que oferta no. A esa pequeña pero concreta mejora le siguió este miércoles el anuncio de dos buenas noticias de contención por parte del gobierno porteño.

En las puertas de una recesión a nivel nacional, lanzó un paquete de medidas, entre las cuales se destaca que el primer mes de alquiler -que se abona por adelantado- y el mes de depósito contra daños se puedan abonar en 24 cuotas. Esta facilidad de financiamiento es una gran ayuda para los que no pueden juntar el monto total que se exige para ingresar.

En especial, teniendo en cuenta que el aumento de los alquileres durante el primer trimestre de 2018 promedió el 35%, según la Dirección de Estadísticas de la ciudad. Si bien el sector inmobiliario -un grupo organizado que trata de defender sus intereses sin demasiados escrúpulos- se aprovecha de la ley del más fuerte que establece el mercado, existe otra ley, que tiene media sanción por unanimidad de la Cámara de Senadores desde diciembre del año pasado y que duerme el sueño de los justos en Diputados.

Su aprobación sería un cambio de paradigma a nivel nacional en el acceso a la vivienda ya que contempla la regulación del precio de los alquileres a partir de un coeficiente entre inflación y salarios. De no tratarse antes de diciembre, la Ley Nacional de Alquileres pierde estado parlamentario y vuelve a cero.