Poco antes de las elecciones aumentaron las tarifas de gas y electricidad. (Archivo)

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@ernestohadida

Cómo se explica que, poco antes de una elección tan importante como la de octubre, el gobierno decida llevar otra vez adelante la impopular medida de aumentar las tarifas de gas y electricidad, aunque sea en cuatro cuotas? Lo cierto es que esta pregunta que retumba en las cabezas de ciudadanos, economistas, analistas políticos e incluso funcionarios, quizá tenga una explicación más simple, hecha de tres letras: FMI.

Desde la Casa Rosada afirman que esta nueva suba de tarifas es parte del esquema de “sinceramiento con gradualismo”, iniciado en octubre del año pasado, que prevé un tope de hasta 300% de suba para los usuarios residenciales. Pero detrás de esta decisión de aumentar los precios de la energía, que incluso para muchos que apoyaron a Cambiemos en las recientes PASO resulta irracional, no están sólo los intereses de petroleras o gobierno, sino el FMI y sus representantes en la región.

Y es que el Fondo plantea sin ocultarse terminar con los subsidios energéticos, para que finalmente sean los usuarios los que paguen la totalidad del valor de la energía, sin ayudas del gobierno. En rigor, las ideas del Fondo se hicieron públicas en 2015, cuando dio a conocer un informe donde afirma que los países del G20 pagan más de 1.000 dólares per cápita al año en subsidios energéticos y que eso debe terminar.

Claro está que ese esfuerzo no será en vano, ya que estas tarifas más caras harían rentables las inversiones en energías renovables y facilitarían a los gobiernos la incorporación de infraestructura energética, dicen en el FMI.

Dos argumentos que se parecen demasiado a los que sostienen desde los despachos oficiales y las compañías de energía “limpia”, uno de los sectores más privilegiados por el gobierno, que para mostrar su compromiso con el proyecto ha decidido financiar a las energías renovables emitiendo esta semana Letras del Tesoro Nacional (Letes) por u$s4.498,5 millones para el Ministerio de Energía y $1.250 millones al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte. Una clara muestra de que la confianza también puede ser limpia. Como la energía