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El concepto núcleo de la doctrina Cambiemos, el de la transparencia y el consecuente cambio de paradigma político, voló por el aire cuando el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, no sólo despidió a una empleada cuyo sueldo estaba en negro, sino que también le dio un cargo en un sindicato intervenido por su cartera y, además, la insultó.

El decreto que firmó el martes el presidente Mauricio Macri, en el que prohíbe la contratación de familiares para cargos políticos en la esfera del Poder Ejecutivo, es consecuencia de ese escándalo. La medida, transgresora por naturaleza, logró aminorar el atentado a la plataforma del partido.

Sin embargo, la noticia que ocupó este miércoles los canales de televisión, los portales web y se llevó las primeras planas de los diarios son los aumentos de los servicios. Aunque no es novedad que todo sube, la atención del ciudadano está puesta en los porcentajes y en su propio presupuesto, más que en la moral del Estado.

Si bien una cosa no quita la otra, son cuestiones de uso cotidiano las que arrancan en febrero con subas promedio del 35%, como el transporte público y la electricidad. La lucha contra el nepotismo estatal puede esperar en el orden de prioridades del hogar. No sólo porque se trata de funcionarios con sueldos altísimos los que deben abandonar la Casa Rosada (por lo que difícilmente consigan la empatía del pueblo en su heroica retirada), sino porque la mayoría hoy está pensando cómo llegar a fin de mes o cómo enfrentará los ajustes que rondan el 30% con una paritaria del 15% que impulsa el gobierno nacional.

En definitiva, aunque no fuera la intención del DNU, la decisión del Ejecutivo pasó a segundo plano frente al ajuste de los bolsillos. Pasa que la economía tiene consecuencias directas en la vida de las familias, mientras que la transparencia es una meta cultural a largo plazo. En tal sentido, esta semana puede ser laboratorio de la campaña presidencial: ¿es la moral de la comunidad o es el bolsillo lo que regirá las urnas?