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@ernestohadida

Todo proceso de reforma presenta ganadores y perdedores, y los autores de la reforma laboral parecen haber elegido quiénes serán los menos beneficiados por la nueva ley: los empleados de la administración pública y de comercio, que sumados conforman el 35% del total de puestos de trabajo de la Argentina. El hecho de que estos dos sectores sean los más desfavorecidos por el proyecto de ley no se debe sólo a la letra chica de los 145 artículos que tenía el borrador de la propuesta de reforma laboral (y que aún debaten el Ejecutivo y los sindicalistas), sino por el contexto económico.

Y es que el creciente gasto público del gobierno, que sólo puede ser reducido con un fuerte ajuste en los salarios de los estatales, y una demanda planchada que todavía no permite la recuperación del comercio y frena la contratación de más empleados, conspira más que cualquier norma contra los sueldos de los dos sectores.

Es verdad que los cambios laborales afectarán también a los trabajadores de la industria, que aporta un 11,5% de los empleos, y al sector agropecuario, la pesca y la minería, que contribuyen con un 7,1% del total de los asalariados. Pero en los hechos, de los 20 millones de puestos de trabajo que existen en nuestro país, más de 3.400.000 son del sector público y 3.530.000 se desempeñan en comercios, por lo que el grueso de la reforma laboral irá dirigida hacia ellos.

“Más allá de las fantasías ideológicas, la realidad es que el sector terciario en su conjunto representa en la Argentina el 73% de los puestos de trabajo”, clarifica Víctor Beker, director del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE), de la Universidad de Belgrano.

Por lo que es fácil conjeturar que, dado el mercado de trabajo actual, estos dos sectores serán los que más transformaciones recibirán una vez que la nueva norma sea sancionada. Los que parecen no poder quejarse por la reforma son los empresarios, ya que con la rebaja de aportes patronales a la Anses que propone el texto del proyecto, la disminución de las contribuciones implícita en esa disposición alcanza los $172.728 millones, un 48,1% de lo que aportan actualmente y aproximadamente el 15% de los ingresos de la Anses. Una medida que implica transferir 2,1 puntos porcentuales de valor agregado bruto de la economía, desde los asalariados hacia los empresarios.