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Con el envío al Congreso del proyecto de ley para reestructurar la deuda pública con tenedores de bonos bajo legislación extranjera, el gobierno nacional busca el respaldo parlamentario para avanzar en su intención de canjear títulos. Es una situación que tiene mucho de parecido con aquella de 2005, cuando se produjo la famosa reestructuración de deuda defaulteada casi cuatro años antes.

El principio en el que se basa el Estado argentino es el mismo: no hay posibilidades de pagar los compromisos en los términos en que fueron asumidos, ya que la economía nacional está muy lejos de generar los recursos necesarios para afrontar los vencimientos, en especial de aquellos bonos nominados en moneda extranjera.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, no quiso adelantar oficialmente nada de lo que sería la propuesta que el gobierno piensa presentarles a los acreedores, aunque trascendió que incluirá una ampliación de los plazos acordados -y hasta un período de "gracia" de los dos primeros años- y una reducción en los porcentajes de interés, lo que dejaría intactos los montos de capital.

En esto diferiría fuertemente de lo que fue el canje de la época de Néstor Kirchner, cuando se estableció una quita del 65%, en lo que más de uno calificó de "burla" o "pagadiós" hacia los acreedores. Lo cierto es que los bonos emitidos en la reestructuración fueron pagándose en tiempo y forma, tanto los vencimientos de intereses como los de capital.

La única excepción fue por las trabas (embargos) que en su momento puso el fallecido juez estadounidense Thomas Griesa, cuando quería forzar al Estado argentino a pagarles a los fondos buitre, integrantes del 7% de los acreedores que nunca aceptó el canje y a los que -pese a que en su mayoría compraron los bonos años después de que estos fuesen defaulteados- judicialmente se les terminó reconociendo la totalidad de su reclamo, tal como si hubiesen sido los tomadores originales de los bonos.

Ahora, en 2020 y en un contexto muy complejo, el gobierno tiene la necesidad de ser muy certero en cada paso que dé, porque del éxito o fracaso que tenga en las negociaciones con bonistas y con el FMI dependerá gran parte de lo que pase con la economía argentina en los próximos dos o tres años, como mínimo.

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