Una situación llamativa que puede tornarse escandalosa fue visibilizada públicamente por la ex diputada nacional Margarita Stolbizer, quien pidió que se investigue la contratación por parte de la Oficina Anticorrupción (OA) de servicios de la consultora privada San Martín Suárez y Asociados para la elaboración de un Mapa de Corrupción en un solo organismo de la administración pública a un costo de casi 1.300.000 pesos.

La OA tiene como misión investigar las irregularidades que se hayan cometido en distintas esferas del Poder Ejecutivo Nacional, tanto de los anteriores gobiernos como del actual. Llamó a un concurso para elaborar el mapa del delito. Pero resulta que los representantes legales y socios de la firma ganadora también son auditores en la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Según el escrito presentado por Stolbizer, se trata de Rubén Suárez y de Pablo San Martín, quienes, de acuerdo con la ley 22.460 para la contratación de Consultoras, no están habilitados para realizar la tarea que se les ha adjudicado. "Los socios y los profesionales intervinientes" en los concursos "no deberán tener relación de dependencia con ningún organismo de la Administración Pública Nacional". Clarísimo.

Si la Oficina Anticorrupción no se preocupa por respetar puntillosa y escrupulosamente las disposiciones legales vigentes a la hora de tomar decisiones, ¿con qué autoridad moral puede después contarles las costillas a funcionarios y a ex funcionarios? Cabe recordar que, para que Laura Alonso pudiera estar al frente de la OA, el gobierno quitó por decreto la obligación de ser abogado que regía para ese cargo. Gracias a esa desprolijidad, Alonso, licenciada en Ciencias Políticas, finalmente asumió.