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La semana que se cerró tuvo nuevamente el escándalo de los cuadernos de Oscar Centeno al frente del escenario político. Lejos de apagarse por la inexistencia física de los escritos, los testimonios de casi una decena de empresarios confirmando pagos a funcionarios del kirchnerismo encendieron la causa, y desnudaron como nunca antes el vínculo entre corrupción y obra pública en nuestro país.

Que varios de ellos hayan aceptado convertirse en "arrepentidos", pero contando una verdad a medias, es el nuevo obstáculo que la Justicia deberá sortear para poder avanzar en una causa que podría llegar a ser histórica. Los altos mandos de las firmas argentinas que vivieron de los negocios con el Estado aseguraron que el dinero exigido era siempre para las campañas electorales. Eso desarmaría la carátula de asociación ilícita, y pasaría a ser un delito menor.

Un examen aparte merece que muchos hayan recibido beneficios a cambio de confesiones incompletas para evaluar la eficacia de la figura del arrepentido, porque el principio fundamental de la ley (que era que los testimonios debían implicar a alguien "hacia arriba") queda seriamente dañado cuando se ofrece una salida cómoda para todos los implicados, en el detallado escándalo de los pagos irregulares.

El contexto político interno es otra de las amenazas para que la investigación no se desvíe: en una crisis económica, con el gobierno en baja, Cristina Kirchner sigue siendo la candidata opositora que mejor mide en las encuestas, y recibió el fin de semana el apoyo de varios intendentes bonaerenses. ¿Lo mantendrán si ella también termina tras las rejas?