Patricia Bullrich, siempre en el eje de la polémica. 

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Apremiada por el caso Maldonado, la ministra Patricia Bullrich se aferra a su promocionada guerra contra los narcos. Mientras la desaparición del artesano parece destinada al limbo, donde esperan Nisman, Julio López y tantos otros, el consumo de drogas (lícitas e ilícitas) se mantiene inalterable. Las capturas de cargas ilícitas se incrementan con gran despliegue mediático, pero la estadística dice que son sólo el 20 por ciento del flujo comercial.

La guerra antinarcos es una ficción electoralista, cara y peligrosa. Juan Pablo Escobar, residente en Argentina como Juan Marroquín Santos, en su autobiografía “Pablo Escobar, mi padre”, y en su video premiado y difundido por la ONU, explica que la guerra antinarcos de Colombia dejó 200.000 muertos, enriqueció a funcionarios corruptos, y si los cárteles de ese país declinaron al final de los 90, fue sólo porque el mercado de Estados Unidos pasó a proveerse de los cárteles mexicanos.

Mientras políticos como el conservador Vicente Fox, ex presidente de México, aconsejan despenalizar el comercio de drogas y prevenir las adicciones mediante la educación, aquí se pregona el ingreso a una guerra perdida de la mano de la Ley 23.737, declarada anticonstitucional por tribunales de primera y segunda instancias, en fallos ratificados por la Corte.

Esa ley (hija de la tesis narcoterrorista de Bush padre) viola nuestra Constitución al penalizar la tenencia y el consumo, así como también los  actos privados (Art. 19º). Desde su sanción en 1991, el consumo se ha venido expandiendo, lo cual prueba su ineficacia. “El negocio de la guerra contra el narco es más grande que el del propio narco”, dijo Henry Londoño, apodado Mi Sangre, que entró al negocio con la DEA y se independizó.

Cuando las elecciones de octubre hayan quedado atrás, el consumo de drogas continuará como siempre, a lo sumo la “guerra” podría ayudar a que cocaína y marihuana sean desplazadas a favor de las sintéticas, cuyos efectos son menos conocidos y su comercio más difícil de interceptar; y el caso Maldonado, resuelto o no, dejará ver el bosque: la sedición mapuche, promovida por la ex presidenta y mantenida en reserva por el gobierno actual, para evitar que perforase el “paraguas” de sus negocios con Gran Bretaña, podría llevar a que los cascos azules de la ONU intervengan en la Patagonia reconociendo a RAM (“cordero”, en inglés”) como fuerza beligerante.

Suena inverosímil, claro; tanto como los casos Maldonado, Nisman, Embajada, Amia, Menem Junior, Julio López y los muchos por venir.